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April, 2007 El Juez admite a trámite la querella sobre la Zerrichera e imputa a 5 altos cargos de la CCAAAdmitida a trámite la querella contra 5 altos cargos del Gobierno murciano por el 'caso Zerrichera'EFE
MURCIA El juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha admitido a trámite la querella presentada por el fiscal contra cinco altos cargos del Gobierno murciano, el alcalde de Águilas y un exedil por observar indicios de delito en su actuación en el proceso de urbanización del paraje protegido de La Zerrichera (Águilas).
VEGAMEDIA PRESS. ZERRICHERA: ADMITIDA LA QUERELLA POR CORRUPCIÓN CONTRA CINCO ALTOS CARGOS Y DOS EDILES DEL PP F.M. MARTÍNEZ En el reparto del pasado 14 marzo, el decano de los juzgados murcianos, José Moreno Hellín, y la secretaria decana, Concepción Parra Martínez, decidieron que fuera el juzgado número tres de la capital el encargado de la instrucción del sumario de este caso de corrupción urbanística, después de que el magistrado Juan Alcázar, titular del juzgado de Instrucción número tres del partido judicial de Lorca, al que pertenece el municipio de Águilas, se inhibiera en un auto a favor de la jurisdicción territorial murciana, ya que el delito más grave imputado en la querella, la falsedad documental del artñiculo 390 del Código Penal, se habría presuntamente cometido en la capital, sede del gobierno regional presidido por el popular Ramón Luis Valcárcel, quien se presenta a su cuarto mandato en las próximas elecciones autonómicas del 27 de mayo.
En esta querella criminal están imputados la ex directora general del Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el jefe del Servicio de Calidad Ambiental de y presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez; y el ex edil del PP en este consistorio, José López. Ramírez ha sido avalado por el propio Valcárcel para encabezar de nuevo la candidatura a la alcaldía de Águilas en las elecciones municipales de mayo.
La querella presentada por el Ministerio Público había sido presentado previamente en los juzgados lorquinos el pasado 23 de febrero, al cumplirse el año reglamentario de la investigación que llevó a cabo por la recalificación del paraje de La Zerrichera, protegida como LIC y ZEPA, para construir una macro urbanización, tras las denuncias presentadas por el PSOE, Ecologistas en Acción y Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación. Según el auto, la aceptación de la querella se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra la misma podrán interponer recurso de reforma en el plazo de tres días. La Zerrichera es un proyecto urbanístico del grupo inmobiliario Hispania, que preside Trinitario Casanova Abadía, amigo personal del consejero Joaquín Bascuñana, y que ya originó la salida del gobierno de Valcárcel, del consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués El empresario Casanova también es propietario de una serie de cabeceras de periódicos locales en la región, algunos de ellos gratuitos, como El Faro y Crónica del Sureste. También el gobierno del Partido Popular de Valcárcel le otorgó la gestión, incluídos los Servicios Informativos, de la televisión autonómica, puesta en funcionamiento con gran premura hace menos de un año, La 7, ante la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales. También el grupo Hispania interviene en otra operación urbanística en el centro de la ciudad de Murcia, en donde el presidente Valcárcel y otros altos cargos del PP se han hecho con grandes pisos de lujo. El plan urbanístico de La Zererichera pretende construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en un paraje con protección ambiental de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Tras conocerse la resolución judicial, el portavoz del PP en Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha pedido, en declaraciones a Europa Press, que “la justicia se pronuncie cuantos antes para que no haya ningún atisbo de duda sobre cualquier labor que desarrolle un responsable político y público”. También ha solicitado que "no haya intromisiones ni presiones de ningún tipo hacia el normal funcionamiento de la justicia", y que "todos los cargos públicos de este partido siempre han facilitado el trabajo de la justicia". Sin embargo, el fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, de la asociación progresista de fiscales, ha estado sufriendo acusaciones de perseguir al Partido Popular por parte del gobierno de Valcárcel, quien ahora ha fichado para su candidatura a las autonómicas al fiscal Manuel Campos, de la asociación conservadora, que se enfrentó a López Bernal en la candidatura a la jefatura de la fiscalía murciana.
Para ANSE, el proyecto de La Zerrichera aún no ha sido anulado por el gobierno de Valcárcel, cuando éste lo había prometido. El PSOE se pregunta si “no es un trato de favor” que el consejero Joaquín Bascuñana le aprobara a su amigo Trinitario Casanova la reclasificación de La Zerrichera que le aportó un beneficio de 75 millones de euros. El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha afirmado que Bascuñana “es pieza fundamental en La Zerrichera”, porque es el que aprueba definitivamente la reclasificación urbanística. Ha añadido que tanto este consejero, como su presidente, Ramón Luis Valcárcel “rompieron la línea de lo público y lo privado”. También ha dicho que Bascuñana mintió al decir que todos los informes eran favorables, cuando son contrarios a esta reclasificación urbanística, y que “forzó” el único que era favorable.
CASO ZERRICHERA El juzgado nº3 de Murcia admite la querella sobre la Zerrichera que afecta a cargos públicos murcianos LA VERDAD / MURCIA
 El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar Fajardo, ha admitido a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en relación a La Zerrichera por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.Los querellados son la ex directora general del Medio Natural Encarna Muñoz; los directores generales de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el jefe de Servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez, y el ex concejal del Partido Popular en el ese ayuntamiento José López. Todos ellos serán citados en calidad de imputados en fecha que se precisará en resolución aparte.
Inicialmente, el fiscal jefe, Manuel López Bernal, presentó la querella en los juzgados de Lorca, pero el de Instrucción número 3, al que correspondió por reparto, se inhibió en favor de los órganos jurisdiccionales de Murcia. En un auto dictado el pasado 5 de marzo el juez señaló que la competencia para estudiar este caso correspondía a los juzgados de Murcia.
La Opinión. 11/4/07
El juez admite a trámite la querella del fiscal jefe por La Zerrichera
Cinco altos cargos de la Comunidad, el alcalde de Águilas y un ex concejal serán llamados a declarar como imputados
El juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha admitido a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del Tribunal de Justicia (TSJ), Manuel López Bernal, contra cinco altos cargos del Gobierno regional, el alcalde de Águilas y un ex edil al observar indicios de delito en la recalificación del paraje protegido de La Zerrichera, donde se proyecta una urbanización con 4.000 viviendas, un campo de golf y un hotel de lujo. La recalificación, aprobada en 2005, fue aparcada hace un año por el consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader. Según fuentes del TSJ, el auto emitido el lunes considera que estas siete personas deberán declarar como imputados porque los hechos denunciados pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho. Los imputados del Gobierno regional son los directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la hoy ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert. En el ayuntamiento de Aguilas están imputados el alcalde, Juan Ramírez, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz. En 2003, el ya ex concejal aguileño y otros socios adquirieron la finca a la mercantil Alhondiga Agrisel S.A., de la que a su vez eran también socios, tras haber convenido con el propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova, vendérsela cuando ese terreno fuera recalificado por el ayuntamiento de Águilas para construir una urbanización con campo de golf. La Zerrichera es un proyecto urbanístico promovido por el grupo Hispania en la sierra de La Almenara, calificada como zona de especial protección de aves (ZEPA) y como LIC. EL FARO. 11/4/07
REGIÓN MURCIA El juez admite la querella sobre La Zerrichera y cree que pudo existir conexión entre las administraciones El magistrado da curso a la petición de la Fiscalía y citará como imputados a los altos cargos de Medio Ámbiente y Urbanismo y al alcalde de Águilas Estima que el supuesto delito más grave se habría cometido en Murcia M. BUITRAGO/MURCIA
 El caso de la polémica urbanización de La Zerrichera ha recibido otro empujón judicial con la decisión del magistrado Antonio Alcázar Fajardo de admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ contra altos cargos del Gobierno regional y el alcalde de Águilas, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias y cohecho.Las diligencias practicadas por el fiscal jefe Manuel López Bernal, a raíz de sendas denuncias presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste y el PSOE, estiman que no se debió autorizar la recalificación de unos terrenos protegidos -que se extienden sobre 2,4 millones de metros cuadrados en un paraje situado a unos diez kilómetros de Águilas- y que el proceso administrativo para facilitar la urbanización promovida por el Grupo Hispania está plagado de supuestas irregularidades. Los imputados son el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, del Partido Popular; el ex concejal del mismo partido, José López Díaz; la ex directora general de Medio natural, Encarnación Muñoz Martínez; el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez; el director general de la Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; el subdirector general de la Vivienda, José María Ródenas Cañada; y el jefe de Servicio de Calidad Ambiental y presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert. Este último fue incluido en la querella por el fiscal en una comunicación del 16 de marzo pasado. El juez de Lorca se abstuvo El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia da cursdo así a la querella después de que otro juez de Lorca, Juan Alcázar, rechazara hace un mes la instrucción del caso -el fiscal jefe del TSJ presentó la querella en los juzgados lorquinos- por falta de competencia territorial y por entender que los delitos se habrían cometido en la capital, donde tienen sus sedes las direcciones generales implicadas y las consejerías de Medio Ambiente y de Política Territorial que aprobaron la recalificación de los terrenos para facilitar la urbanización impulsada por el Grupo Hispania, propiedad de Trinitario Casanova Abadía, que pretendía alcanzar las 4.000 viviendas, junto con un hotel y campo de golf en unos terrenos protegidos como LIC y ZEPA. Ahora, a mes y medio de las elecciones autonómicas y municipales, el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha decidido que se cite a declarar a los imputados y que se practiquen «las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, los autores y sus circunstancias». El magistrado Antonio Alcázar Fajardo rehusó hablar el pasado lunes con La Verdad y se remitió al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia. El delito principal Al considerar la competencia territorial del caso, Antonio Alcázar acepta básicamente los argumentos expuestos el pasado día 5 de marzo por so colega lorquino. Las razones por las que ha admitido a trámite la querella se fundamentan en que los hechos denunciados reúnen los requisitos que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio del principio de presunción de inocencia. En cuanto a la jurisdiccionalidad, entiende que el supuesto delito más grave, el de falsedad documental, se pudo haber cometido en Murcia. Sobre la existencia de concertación o no entre las administraciones públicas -léase del Ayuntamiento de Águilas y de las consejería implicadas- el magistrado murciano apunta que «según el relato fáctico contenido en la querella los hechos supuestamente delictivos se habrían cometido tanto en la localidad de Águilas como en Murcia, pudiendo calificarse apriorísticamente de conexos por cuando, aparentemente, persiguen todos ellos la misma finalidad. Ciertamente», añade el auto judicial, «no consta explícitamente en el texto fáctico de la querella que hubiera concierto previo... Sin embargo, no se entendería esa coordinación sucesiva de las distintas administraciones a que alude el Ministerio Fiscal sin una previa concertación». Añade asimismo que «pese a las dudas que suscita el lugar de inicio de la supuesta actividad delictiva como criterio de atribución de competencias, es inobjetable que el delito más grave imputado en la querella, el de falsedad documental, se habría cometido presuntamente en Murcia». ALERTAS LA VERDAD I Este periódico informó ayer de esta noticia a los abonados al 5242. Sea el primero en saber las últimas noticias de la Región, dándose de alta enviando ALTA LAVERDAD al 5242.
REGIÓN MURCIA ¿Los imputados pasarán a declarar antes o después de las elecciones? M. B. B./MURCIA El magistrado Antonio Alcázar Fajardo puntualiza en su auto que los siete querellados serán citados «para ser oídos en calidad de imputados» en una fecha que se precisará en una resolución aparte. Igualmente, señala que las diligencias que propone el fiscal jefe como prueba documental serán acordadas en dicha resolución. El juez también indica que a cada uno de ellos se les entregará previamente copia del escrito de la querella.
La cuestión ahora está en saber si los altos cargos imputados, así como el alcalde de Águilas -que ha sido propuesto nuevamente como candidato por el PP- pasarán por el despacho del juzgado antes o después de las próximas elecciones municipales autonómicas del 27 de mayo. Como se sabe, los imputados pasaron por el despacho del fiscal jefe durante los meses de enero y febrero, con la consiguiente repercusión en los medios de comunicación. En el seno del Partido Popular no se ve con agrado que los altos cargos de las consejerías de Medio Ambiente y Política Territorial pasen de nuevo por los juzgados para explicar su participación en la recalificación de terrenos de La Zerrichera. El juez de instrucción número 3 de Murcia concede a todas las partes un plazo de tres días para presentar recurso de reforma.
Vecinos de Espinardo denuncian desprotección de más de 300.000 metros de huertaURBANISMO Vecinos Espinardo denuncian la desprotección de más de 300.000 metros de huerta El recurso a la vía penal se produce después de que en 2004, tras que el Ayuntamiento lo declarara como zona esencial, la misma zona fuera recalificada como urbanizable EFE / Murcia La asociación de vecinos Senda de Granada Oeste, con unos 200 miembros, denunció hoy en los juzgados de instrucción de Murcia la desprotección de 314.000 metros cuadrados de huerta tradicional en la pedanía murciana de Espinardo porque considera que no se ha evaluado el impacto ambiental de esa medida.
El recurso a la vía penal se produce después de que en 2004, tras la protección que el Ayuntamiento otorgó en 2001 a ese terreno en el plan general de ordenación urbana, que lo declaraba "esencial", la misma zona fuera recalificada como urbanizable, por lo que los vecinos presentaron primero un recurso contencioso administrativo para la salvaguarda del patrimonio arqueológico hallado en la zona.
Así lo explicó el presidente de la asociación, Angel Tortosa, que informó de que han hecho coincidir la presentación de la nueva denuncia con la víspera de la celebración del Bando de la Huerta para criticar el doble discurso del ayuntamiento y del Gobierno regional sobre la huerta tradicional.
A su juicio, "por un lado se califica de no urbanizable condicionando a los pequeños propietarios, y, por otro, se recalifica impunemente para beneficiar negocios concretos, como el de la cooperativa de viviendas Joven Futura, en el que está implicado el edil de Urbanismo, Fernando Berberena, que la asesoró desde Novel Stamp, de la que era accionista".
Denunció además que, pese a que la consejería de Agricultura y Agua había emitido informes que aseguraban que esa huerta no estaba abandonada, sino que se trataba de regadíos tradicionales en producción, por lo que era necesario consultar a sus propietarios, la dirección general de Calidad Ambiental no consideró necesaria la evaluación de impacto natural.
Así mismo, los vecinos consideran responsable de la situación a la subdirección general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la consejería de Obras Públicas.
Acompañan su denuncia de un informe del departamento de Ecología de la universidad de Murcia que defiende la necesidad de una evaluación pública del impacto ambiental de una gran urbanización.
Ese informe justifica los valores ambientales de esa huerta, su importancia como paisaje urbano en el contexto europeo y la condición de suelo de máxima fertilidad para actividades agrícolas.
Según los vecinos, en la actualidad están en producción unos 150.000 metros cuadrados, donde se cultivan cítricos, hortalizas y flores, algunos de los cuales obtienen en la actualidad subvenciones de la consejería de Agricultura y Agua por ser producción ecológica. Valcárcel urbanizará 11.000 Has de Costa Virgen aunque el Constitucional falle en su contraMurcia planea urbanizar 11.000 hectáreas de costa virgen aunque el Constitucional falle en su contra
El Gobierno autonómico permitirá enladrillar el enclave incluso si el tribunal deroga la ley que lo avalaRAFAEL MÉNDEZ - Madrid - EL PAÍS - 01/04/2007 El mayor complejo urbanístico de España se llama Marina de Cope y está en el litoral virgen de Murcia. El Gobierno de Murcia, del PP, eligió ese espacio, un parque natural, para impulsar un gigantesco desarrollo urbanístico que albergará a 60.000 personas. Para ello, desprotegió por ley 11.000 hectáreas de terreno en la costa. El PSOE llevó al Constitucional la ley, y el abogado del Estado, los ecologistas y el consejo jurídico de Murcia han pedido que no se urbanice el suelo hasta que falle el alto tribunal. Pero el Ejecutivo murciano ha advertido por escrito al tribunal de que sus planes seguirán adelante incluso si el Constitucional anula la ley que desprotegió Marina de Cope. Nadie parará las máquinas. El Gobierno de Murcia sigue a la vanguardia en legislación prourbanística. Si en 2001 desprotegió por ley 11.000 hectáreas de costa virgen para urbanizarla, ahora advierte de que mantendrá sus planes —entre ellos 11.000 viviendas en espacio protegido— aunque prospere el recurso contra esa ley que el PSOE presentó ante el Tribunal Constitucional. El abogado de la comunidad ha remitido un escrito al juzgado en el que advierte de que un eventual fallo en contra del Constitucional derogará la ley, pero eso no implica que los lugares dejen de ser urbanizables. La jugada tranquiliza a los promotores al garantizar la entrada de las máquinas en la costa virgen. La urbanización en la costa al sur de Murcia es, con toda probabilidad, el mayor pelotazo en curso en España. En los últimos 70 kilómetros vírgenes del litoral mediterráneo hay previstas decenas de miles de casas. La operación ha sido diseñada con minuciosidad y ejecutada con precisión por el Gobierno regional, del PP, desde 2001. Ese año, el ejecutivo que preside Ramón Luis Valcárcel aprobó la Ley del Suelo. En una disposición adicional aparentemente técnica de última hora, la norma desprotegió miles de hectáreas de parques naturales en la costa. El cálculo exacto es complicado, pero los profesores de la Universidad de Murcia y miembros de Ecologistas en Acción Miguel Ángel Esteve y Julia Martínez, afirman que son 14.000 hectáreas; el Gobierno de Murcia ha reconocido la desprotección de 7.000 hectáreas y los socialistas afirman que son 11.000. Esa disposición “ajustó” los espacios naturales de Murcia “a los Lugares de Importancia Comunitaria”. Así, Murcia se limitaba a preservar los lugares definidos por Bruselas, cuya protección es menor que la que tenían los parques naturales. Ante la imposibilidad de un recurso normal —ya que la comunidad le dio rango de ley— 50 diputados del PSOE recurrieron al Constitucional en 2001. El recurso no se ha resuelto, pero debe de estar próximo. En 2004, el Ejecutivo murciano aprobó por decreto las directrices de ordenación del litoral, el plan para urbanizar unas 85.000 hectáreas (parte de ellas, las que desprotegió años antes) de la costa. Este plan permitiría construir 800.000 casas en 30 años, accesibles por tierra gracias a una nueva autopista entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), y por aire por un nuevo aeropuerto. El principal proyecto de este megapelotazo es Marina de Cope: una nueva ciudad para 60.000 habitantes, con 11.000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf y una marina artificial con 2.000 amarres. Ocupará 2.156 hectáreas, 1.843 de ellas desprotegidas en 2001 de (de las cuales hay 2,961 millones de metros cuadrados urbanizables) en del parque regional Cabo Cope-Puntas de Calnegre. La zona es un reducto virgen, pero, en unos años, gracias a 3.800 millones de inversión, será comparable a Marina d’Or. El boletín oficial de Murcia que aprobó la “actuación de interés regional” incluyó fotos en color de gente jugando al golf, lo que le dio aspecto de folleto publicitario. Los municipios de Lorca (PSOE) y Águilas (PP) apoyan el plan. La asociación Prolitoral, que agrupa a Ecologistas en Acción, la Asociación de Naturalistas del Sureste y una asociación de vecinos, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia el decreto de urbanización. Al procedimiento se sumó el 17 de noviembre de 2006 el abogado del Estado, lo que significa que el Gobierno también se opone a la desprotección El Gobierno y los ecologistas defendieron ante el tribunal que no se debía urbanizar la zona, al menos hasta el fallo del Constitucional: argumentaban que de nada serviría una sentencia si llega con el parque natural ya construido ya que sería “imposible restaurar los espacios desprotegidos”. En el intercambio de escritos con el Tribunal, el abogado del Gobierno autónomo ha avisado de que “sea cual sea el fallo del Tribunal Constitucional, éste no afecta a las directrices de ordenación del litoral”. En el escrito, de 60 folios, fechado el 7 de febrero y recién notificado, la Comunidad adelanta su estrategia por primera vez. El texto añade que “el fallo concreto” sobre Marina de Cope es independiente del recurso de inconstitucionalidad, ya que “la estimación del recurso de inconstitucionalidad no afectaría al presente litigio”. En una pirueta legal, el abogado alega que si el Constitucional estima el recurso y anula la desprotección, el parque natural no volvería a ser parque natural; sino que pasaría a ser Lugar de Interés Comunitario, figura de menor rango que no impide los chalés. Es decir, diga lo que diga el Alto Tribunal sobre la desprotección de las 11.000 hectáreas, el decreto que al amparo de esa ley permite urbanizar la costa virgen seguirá adelante. Este diario intentó el viernes, sin éxito, obtener la versión del Gobierno murciano. Además de retar al Constitucional con su interpretación, el Gobierno murciano desoye a su propio consejo jurídico. Éste dictaminó en 2004 que Marina de Cope tenía que esperar y que el suelo debía “quedar exento de actuaciones no previstas en el status de protección anterior de ese suelo, a fin de preservarlo ante una posible sentencia [del Constitucional] que anule la desprotección”. El dictamen añadía que la urbanización es “totalmente incompatible con la conservación” de la zona. Ahora, Murcia apuesta por los hechos consumados y tranquiliza a los promotores: habrá urbanización aunque el Constitucional anule la Ley del Suelo. La última playaMarina de Cope es la joya de la corona, con la que la Comunidad de Murcia quiere dejar pequeña a Marina d'Or. La operación tenía un pequeño gran inconveniente: el terreno pertenecía al parque regional Cabo de Cope-Puntas de Calnegre, con ocho hábitats prioritarios para la Unión Europea y una de las pocas poblaciones de tortuga mora que quedan. El Gobierno murciano decidió desprotegerlo.La zona se había librado del urbanismo por la falta de agua y su agreste orografía. El paisaje es marrón, seco, similar al del cabo de Gata. Un camino de tierra conduce a calas semidesérticas; otras, sólo son accesibles por barco. Ahora, con la saturación de la costa, se convierte en el objeto deseado por las promotoras y ejemplo de la protesta contra el urbanismo. En 2004, comenzó a aparecer por Murcia una pintada: "Cope no se vende". Años después, el lema es: "Murcia no se vende" y los ecologistas están agrupados en toda España en el movimiento "el territorio no se vende".Pero se enfrentan a gigantes. En Marina de Cope y en las directrices del litoral hay mucho dinero en juego. Iberdrola poseía parte del terreno porque allí proyectó una central nuclear hace 25 años. En 2004 vendió el 40% de sus 328 hectáreas a Cajamurcia, Bancaja y Caja Castilla-La Mancha por 36 millones de euros, según una nota de la eléctrica.La constructora Aucosta (Ploder, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Autopistas del Sureste, FCC y Unicaja, entre otros) ha invertido 650 millones en 114 kilómetros de autopista de peaje entre Cartagena y Vera. La vía abrió al tráfico el viernes sin inauguración oficial. La concesionaria espera 7.000 vehículos en su primer año y unos 30.000 dentro de 30 años.El viernes, el Gobierno murciano adjudicó la construcción de un aeropuerto a Sacyr (del murciano Luis del Rivero), Cajamurcia, Grupo Fuertes (propietario de El Pozo), entre otros, por 135 millones. Contra el boicot del PP al Grupo PRISANOTA DE PRENSA
PLATAFORMA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA INFORMATIVA Región de Murcia Ante la decisión adoptada por la dirección del Partido Popular, exigiendo a sus militantes y cargos públicos el boicot informativo y económico a todos los medios de comunicación del grupo PRISA, las organizaciones de la Región de Murcia integradas en la PLATAFORMA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA INFORMATIVA hemos acordado hacer público lo siguiente: 1. Consideramos que el boicot del PP a los medios de comunicación del grupo PRISA es un atentado contra la libertad de expresión, contra el pluralismo e independencia de los medios de comunicación y contra el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados, unas libertades y unos derechos que son pilares fundamentales de toda sociedad democrática y que como tales están amparados por la Constitución española, la Normativa Comunitaria sobre Medios de Comunicación, la Convención Europea de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. 2. Consideramos extremadamente grave y completamente inaceptable que el ataque a estos principios democráticos fundamentales provenga de un partido político como el PP, que ha ejercido el gobierno de España, que aspira a ejercerlo de nuevo en el futuro y que hoy ejerce responsabilidades de gobierno en numerosos ayuntamientos y varias comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia. 3. Lamentablemente, esta iniciativa del PP no es un hecho aislado, sino que cuenta con varios precedentes, desde los fallidos intentos del gobierno Aznar por perseguir penalmente a los directivos del grupo PRISA, hasta la decisión del gobierno Valcárcel de no conceder a este grupo de comunicación ni una sola de las licencias de TDT concedidas en la Región de Murcia, una decisión que ya fue denunciada por esta Plataforma como un ataque al pluralismo informativo por parte del gobierno regional. 4. Por todo ello, exigimos al PP que retire de forma inmediata el boicot a los medios de comunicación del grupo PRISA, que asuma de forma autocrítica su derrota en las pasadas elecciones generales, que acepte democráticamente el juicio de los ciudadanos y la crítica de los medios informativos, y que ejerza de forma responsable su papel como principal partido de la oposición y como partido de gobierno en la Región de Murcia. 5. Finalmente, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad a todos los trabajadores y trabajadoras del grupo PRISA, les animamos a que sigan desempañando su labor informativa con rigor e independencia, y les felicitamos por el importante papel que están desempeñando en la vida democrática española. Murcia, 4 de abril de 2007 Organizaciones que suscriben el presente comunicado: FORO CIUDADANO DE LA REGIÓN DE MURCIA - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE MURCIA – FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS DE LA REGIÓN DE MURCIA - COORDINADORA “LA REGIÓN DE MURCIA NO SE VENDE” – FORO SOCIAL DE LA REGIÓN MURCIANA – COMISIÓN 8 DE MARZO – ACSUR-LAS SEGOVIAS - STERM-INTERSINDICAL – CCOO – JUVENTUDES SOCIALISTAS – IURM-LOS VERDES – PSRM-PSOE El Convenio de Marina de Cope, la madre de todos los conveniosLa Verdad. 1/4/07
REGIÓN MURCIA Turismo controlará la gestión de los 22 hoteles y los 5 campos de golf previstos en Marina de Cope El consorcio formado por la Consejería y los ayuntamientos de Lorca y Águilas negocia con los propietarios del terreno el convenio urbanístico J. MOLLEJO/MURCIA
 El Consorcio de Marina de Cope, formado por la Consejería de Turismo y los ayuntamientos de Lorca y Águilas, ha comenzado a negociar ya el que será la madre de todos los convenios urbanísticos aprobados en la Región de Murcia en los últimos años. No puede ser de otra forma, tratándose de Marina de Cope, el proyecto turístico que el Gobierno regional y las promotoras implicadas quieren convertir en el más importante del Mediterráneo.La Consejería de Turismo, cuyo responsable, José Pablo Ruiz Abellán, preside el consorcio, pretende asegurarse el control de la gestión de los 22 hoteles, los 5 campos de golf y la marina interior de 2.000 puntos de amarre previstos en el proyecto, con el fin de garantizar «una gestión modélica, homogénea y de calidad» de toda la oferta turística del complejo, que abarca más de 21 millones de metros cuadrados. La fórmula propuesta por la Consejería en las negociaciones que mantiene con los representantes de los propietarios del suelo, según informó Ruiz Abellán, es que éstos cedan al consorcio la gestión de los hoteles, la marina, los campos de golf y del resto de instalaciones deportivas incluidas en el proyecto, para que éste sea el encargado de fijar los criterios que primarán en la adjudicación definitiva de cada uno de estos elementos. Los propietarios En la mesa de negociación, la Consejería tiene enfrente a la Asociación Colaboradora de Propietarios, compuesta por un grupo de sociedades que posee alrededor del 60% de todos los terrenos afectados por la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope. El portavoz de la asociación es Emilio Vázquez, de Iberdrola Inmobiliaria, que se ha asociado con Actura y Summa, inmobiliarias de Bancaja y Cajamurcia, respectivamente, para desarrollar los terrenos que poseen en la zona. En la asociación se encuentran también Caja Madrid y varias promotoras de distintos puntos de España, como Valleduero (Burgos), Arocasa (Madrid) y Extremalia (Extremadura). Según las conversaciones que mantienen ambas partes, los propietarios se encargarían de financiar la totalidad de las obras y se reservarían la gestión de la zona residencial, que contará con unas 9.000 viviendas, y también de las áreas comerciales. La asociación de propietarios, que mantiene contactos periódicos con las organizaciones agrarias que representan a un grupo numeroso de pequeños propietarios agrícolas, no será ajena del todo a la gestión de los hoteles, la marina y los campos de golf, ya que en el futuro está previsto que se integren en el consorcio que regirá el desarrollo de todo el área, pero tendrán una posición minoritaria frente a las administraciones regional y municipales. Ambas partes han señalado a La Verdad que «las posiciones están próximas», por lo que es posible que el consejero cumpla su objetivo de cerrar antes de las elecciones del 27 de mayo el convenio urbanístico que regula la participación y responsabilidades de las administraciones y los propietarios en la construcción del complejo de Marina de Cope. Para que se inicien las obras aún queda más tiempo. Antes debe concluirse la reforma de los planes generales de ordenación urbana de Lorca y Águilas, que ya están en trámite, terminar la evaluación ambiental estratégica y realizar los planes de reparcelación y urbanización, lo que puede suponer alrededor de un año de trámites.  REGIÓN MURCIA«Es el mejor proyecto de costa del Arco Mediterráneo» J. M. A./MURCIA El portavoz de la Asociación Colaborada de Propietarios de Marina de Cope, Emilio Vázquez, ejecutivo de Iberdrola Inmobiliaria, se muestra ilusionado con este proyecto turístico. «Los propietarios creemos en él y estamos convencidos de su futuro», comenta Vázquez, que el pasado miércoles mantuvo una reunión con el consejero de Turismo, José Pablo Ruiz Abellán, para avanzar en la concreción del convenio urbanístico.
El responsable de la inmobiliaria de Iberdrola define a Marina de Cope como «el mejor proyecto de costa que se ha realizado en muchos años en todo el Arco Mediterráneo, no sólo por la calidad del paraje, sino porque tendrá una baja densidad urbanística y un gran respeto por el medio ambiente». Al respecto, destaca que el complejo será «sostenible en sí mismo, ya que incluye centrales de energía fotovoltaica, la reutilización del agua para el riego de los campos de golf y un consumo humano muy medido. Será modélico tanto en lo urbanístico como en el respeto al medio ambiente». REGIÓN MURCIA El nuevo Cancún Los promotores confían en que Marina de Cope situará a Murcia en la cabeza de la oferta turística internacional J. M. A./MURCIA
El consejero de Turismo, José Pablo Ruiz Abellán, en una conferencia con empresarios turísticos ingleses realizada en Londres en mayo del pasado año, comparó a Marina de Cope con Cancún (México), uno de los referentes del turismo internacional. Aunque el símil realizado por el consejero sólo aludía a la superficie del complejo diseñado en la costa de Águilas y Lorca (21 millones de metros cuadrados), el enclave del caribe mexicano presenta algunos parecidos más con el proyecto murciano, como su concepción pública a partir de la nada, y puede valer para hacerse una idea de en lo que se puede convertir Marina de Cope dentro de 20 años. Cancún necesitó algo más de tiempo para ser lo que es. En 1975 era tan sólo una extensa lengua de arena situada en el sureste de México y bañada por el Caribe, con unos pocos cultivadores de cocos y algunas ruinas mayas (Marina de Cope es una costa virgen de 6,5 kilómetros de larga apenas ocupada por unas plantaciones agrícolas), pero gracias a la iniciativa del Gobierno mexicano y la gestión de la sociedad pública dedicada a la promoción turística del país se fueron construyendo resort uno tras otro por parte de las principales multinacionales hoteleras, hasta alcanzar los más de cien hoteles con que cuenta en la actualidad, por los que pasan unos 3 millones de turistas cada año. Deporte de élite Marina de Cope no llegará a tanto. La Consejería de Turismo huye de todo lo que pueda suponer masificación, ha impuesto un índice de edificabilidad muy bajo, de modo que sólo se podrán construir 14 metros cuadrados de cada 100 y ha establecido amplias franjas de protección en la playa (no habrá viviendas a menos de 500 metros del mar, aunque sí hoteles).Otra de sus singularidades será la marina interior con unos 2.000 puntos de amarre, muchos de ellos con capacidad para acoger yates de lujo. El consejero de Turismo considera que la Región de Murcia jamás podrá entrar en los catálogos turísticos de los operadores internacionales si no es con un proyecto como el de Marina de Cope, capaz de competir en calidad y dimensión con otros destinos punteros, como Cancún. March, 2007 El PSOE de Abanilla denuncia irregularidades en la tramitación del Plan UrbanoLa Verdad. Viernes 30/3/07
ABANILLA / El PSOE denuncia irregularidades en la tramitación del Plan Urbano Acusan al alcalde de demorar el pago de tres convenios urbanísticos durante un año y medio F. J. RIQUELME/ABANILLA
El PSOE ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia para que determine si ha habido trato de favor por parte del alcalde, Fernando Molina, con varias empresas en convenios urbanísticos, así como para conocer si hubo uso de información privilegiada.
Los socialistas quieren que se investigue si hubo trato de favor a las empresas como Mussa, Eve y Yacimientos del Mediterráneo porque se les ha permitido el pago correspondiente a la firma de los convenios con un año y medio de retardo sin aplicarle ningún recargo. El secretario general del PSOE en Abanilla, José Antonio González, ha indicado que «estas empresas han disfrutado de unos convenios durante un año y medio de forma gratuita». El PSOE quiere que se esclarezca también si existió un uso de información privilegiada, por parte del ingeniero director del Plan y el gerente de la empresa que ha realizado su Estudio de Impacto Ambiental, a los que relaciona con la compra de casi 780.000 metros cuadrados de terreno en fechas cercanas a la aprobación del Plan General. Pagaron a tiempo Por su parte, el teniente de alcalde, José Antonio Blasco, afirmó que la denuncia del PSOE «ya la hicieron en el pasado Pleno y la apoyaron con una moción. Le hemos dado todas las explicaciones, y las empresas pagaron en los 15 días de plazo, el problema es que al no estar el Plan General aprobado aún, no se reflejan». Blasco añadió que «salvo que el fiscal entienda otra cosa, no ha habido ninguna irregularidad». LA OPINIÓN DE MURCIA. (31/3/07)
El PSOE denuncia que los convenios multiplicarán por 20 la población El portavoz del PSOE de Abanilla acusa al alcalde, Fernando Molina, de haber beneficiado a varias empresas y presenta una denuncia ante la Fiscalía del TSJ para esclarecerlo.
Los 22 convenios urbanísticos firmados por el ayuntamiento de Abanilla supondrán la construcción de más de 40.000 viviendas, lo que multiplicará por 20 la población del municipio en el plazo de cinco años. El portavoz del PSOE en Abanilla, José Antonio González Rivera, ofreció ayer estos datos y anunció que su partido ha presentado una denuncia en la Fiscalía del TSJ de Murcia para "esclarecer si el alcalde, Fernando Molina, ha beneficiado a empresas en la firma de los convenios urbanísticos". González Rivera, acompañado por la candidata socialista a la alcaldía, María Dolores Saurín, explicó que el dinero que las empresas 'Mussa y Eve' y 'Yacimientos del Mediterráneo' tenían que ingresar con motivo de los convenios firmados se hizo efectivo un año y medio después del acuerdo, "justo el mismo día en el que el PSOE pidió en el ayuntamiento que se rescindiera el acuerdo con estas sociedades", a lo que añadió que "esto nos lleva a pensar que las empresas han contado con información privilegiada". Por otro lado, el portavoz del PSOE en Abanilla subrayó que "hay varias irregularidades", ya que "el ingeniero redactor del PGMOU, José Enrique Pérez González, es propietario de terrenos incluidos en el convenio del sector 9, Los Baños", a la vez que denunció que el convenio 8, Las Lomas, se ha firmado con la empresa 'Construcciones Pérez Manzanera S.L.', cuyo dueño también dirige la entidad 'Control y Funcionamiento P-3', encargada de realizar el estudio de impacto ambiental del PGMOU. Por todo ello, desde el grupo socialistas de Abanilla han solicitado que se cree una comisión de investigación. http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=2902&pIdSeccion=5&pIdNoticia=55467&rand=1175319095418 Más información en su blog: http://psoeabanilla.blogspot.com La querella por La Zerrichera será estudiada por el juzgado de Murciala Verdad. 14/3/07
La querella de al Fiscalía por el caso Zerrichera será estudiada por el juzgado de Murcia
El asunto ha correspondido a Antonio Alcázar, quien deberá examinar ahora tanto su propia competencia para asumir el caso como si la querella contiene hechos de relevancia penal EFE / MURCIA
La querella presentada por la Fiscalía del TSJ de la Región contra altos cargos de la Administración autonómica y el alcalde de Aguilas por supuestas actuaciones ilegales en la recalificación de La Zerrichera será estudiada por el juzgado de Instrucción número 3, al que le ha correspondido por reparto.
Según las normas de reparto de los asuntos que entran en el decanato de los juzgados de Instrucción de Murcia, el asunto ha correspondido al titular del 3, Antonio Alcázar, quien deberá examinar ahora tanto su propia competencia para asumir el caso como si la querella contiene hechos de relevancia penal.
La actuación de la Fiscalía se dirige contra la ex directora general del Medio Natural Encarna Muñoz; los directores generales de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; el alcalde de Aguilas, Juan Ramírez, y el ex concejal del PP en el ese ayuntamiento José López.
Inicialmente, el fiscal-jefe, Manuel López Bernal, presentó la querella en los juzgados de Lorca, pero el de instrucción número 3, al que correspondió por reparto, se inhibió en favor de los órganos jurisdiccionales de Murcia.
En un auto dictado el pasado 5 de marzo el juez señaló que la competencia para estudiar este caso correspondía a los juzgados de Murcia. 15/3/07
ARTÍCULOS Del gran Poyo a las hierbas de La Zerrichera PATRICIO PEÑALVER/
Dos hipotéticos macropelotazos urbanísticos están dando mucho juego periodístico en las últimas semanas en tiempos de sospechas revueltas, tiempos de cambio para unos y de continuidad para otros, y mientras la pelota salta del tejado de Lo Poyo hasta el tejado de La Zerrichera, bonitos y sugerentes sustantivos. También saltan los nervios de algunos políticos ya a flor de piel, que enredados en la malas hierbas zerricheras y con la gripe aviar del gran pollo de Lo Poyo, tratan de meter presión, siembran dudas, y señalan especialmente a la fiscalía y a los jueces, que siempre visten de negro como los árbitros, para eludir la atención y echar balones fuera. La cosa de la especulación que siempre deviene en corrupción se está poniendo tan interesante en los juzgados como la liga de fútbol.
Es un buen momento, pues, para que el Partido Popular deje de jugar al sí pero no, o al digo esto por si acaso. Si el Partido Popular cree verdaderamente que la fiscalía tiene un interés mediático en el caso de La Zerrichera y que actúa con imparcialidad, que se atreva a denunciar o a recusar a Manuel López Bernal, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, o si no que deje trabajar tranquilamente a la fiscalía. También a los jueces, que dirán a los querellantes si están o no imputados en este caso. Y digo al P.P que deje de jugar porque hasta el momento los demás partidos de la oposición están acatando las sentencias que emanan de de la justicia. Decir que hay una cierta instrumentalización por parte del PSOE, por aquello de que los fiscales los nombra el Gobierno, como no podría ser de otro modo según la Constitución, es una perogrullada, algo así como decir que a los gobernantes los elige el pueblo. Como el pueblo, o los ciudadanos liberales o no, que ahora se lleva esto de los ciudadanos mucho, también conocen que la obligación de los policías es la de tratar de detener a los delincuentes, tan claro como lo suelen tener los delincuentes que saben que su primera norma de supervivencia es la de tratar de sortear y burlar la actuación policial, para que no los detengan y los lleven ante el juzgado. Esto es un axioma de cajón, como lo es aquella otra, que puede ser una maldición, de pleitos tengas y lo ganes. Mucho juego periodístico, como decía, hay últimamente en los juzgados con los asuntos de los pelotazos urbanísticos. Y muchos son los ciudadanos que intuyen que hasta ahora más de un político se ha ido de rositas, al confundir lo público con lo privado, con un buen entramado de ingeniería jurídica. Y muchos más intuyen que esos pelotazos que se han considerado judicialmente legales, son moralmente ilegales y fraudulentos. Un pelotazo legal no se trata de que uno compre a un precio y luego lo venda a otro suculentamente diferente, porque obviamente está en su derecho. No, aquí en estos pelotazos se trata de aquél que teniendo acceso a información privilegiada compra a un precio unos terrenos baldíos con la promesa de que esos terrenos más tarde serán recalificados. ¿A cambio de qué? No sé si me entienden, ya sé que hay ciertos ciudadanos que sólo quieren oír lo que quieren oír, y ven la paja propia como viga en el ojo ajeno. Puede que sea buen momento para evitar la epidemia de la corrupción, y decir que contra ésta caiga quien caiga, aunque no soy tan ingenuo para pensar que esto vaya ocurrir próximamente, mientras algunos sigan entendiendo que eso de contra la corrupción tolerancia cero, no tiene nada que ver con la especulación. Baste como muestra la futura Ley del Suelo, en la que todos los grupos del Congreso están de acuerdo, excepto el Partido Popular que ha votado en contra. Mientras tanto confiemos en la justicia y no mareemos a la perdiz, y quiénes tengan que salir en la foto en la sala de los juzgados que tengan paciencia, ya saldrán, sean de un partido u otro. Como esto de las fotos da mucho juego, de momento ciertos medios ya han publicado algunas del fiscal jefe al que parece que le están haciendo un álbum de fotos, ciertamente poco ordenado; deberían empezar por la de la primera comunión. Más preocupados tendrían que estar otros con sus álbumes. Talante no significa tolerancia con los tontos prevaricadores. Y es que una foto a veces manda mucha romana, fuera o dentro de un contexto. Una imagen puede ser una opinión. Y aquí cada cual se va retratando como puede. Y ya saben que el que se mueve no sale en la foto, obviamente se lo dice el seguro servidor que muestra su careto en la foto de arriba. En muchas culturas se tiene un temor ante la fotografía, ya que se piensa que se puede producir un robo del alma. Ya sé que algunos en nuestra cultura no tienen este temor y no por la foto, sino por lo del alma, ya que como pobres hace tiempo que se la vendieron al diablo. La Verdad. 16/3/07
El Grupo Hispania denuncia que la paralización de La Zerrichera «es ilegal» LA VERDAD/MURCIA
El Grupo Hispania, promotor de la urbanización en la finca La Zerrichera de Águilas, denunció ayer de nuevo que la paralización del plan parcial que permitía la construcción de 4.000 viviendas en la zona «es ilegal, y el Gobierno de Valcárcel no debía ni podía actuar así».
La Verdad. 22/7/07 MURCIA / Valcárcel da su apoyo al alcalde de Águilas pese a su imputación por La Zerrichera LA VERDAD/MURCIA El presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, dijo ayer en Águilas que su alcalde, Juan Ramírez -imputado por el caso de La Zerrichera junto a varios altos cargos del Gobierno regional- es «un excelente alcalde». La muestra de apoyo de Valcárcel a Ramírez se produjo a preguntas de los periodistas, tras el acto de reapertura del castillo de San Juan de las Águilas. «Está haciendo una labor extraordinaria y modernizando Águilas», señaló el presidente. «Este no es el Águilas que yo pude haber conocido en otros tiempos, antes de que tuviera la máxima responsabilidad Juan Ramírez, y ustedes mismos pueden comprobar el desarrollo y el crecimiento ordenado que se está haciendo en Águilas , que además de ordenado es inteligente», indicó. Comité electoral El jefe del Ejecutivo avanzó que la próxima semana el comité electoral del PP se pronunciará sobre los municipios cuyos candidatos a la alcaldía por esta formación aún no se han dado a conocer, en los que figura Águilas junto a Los Alcázares, Albudeite y Moratalla. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, presentó a finales de febrero en los juzgados de Lorca una querella por prevaricación contra el alcalde de Águilas , un ex edil de este ayuntamiento y cuatro altos cargos de la Comunidad Autónoma. La Zerrichera es un proyecto del grupo inmobiliario Hispania que pretende construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas de la citada sierra. Investigan si el dueño de la Zerrichera ofreció dinero a ediles del PSOELa Opinión de Murcia. 7/3/07
Investigan si el dueño de La Zerrichera ofreció dinero a ediles del PSOE
Un concejal declaró ante el fiscal que el secretario general de los socialistas aguileños actuó de intermediario de Casanova
El concejal y candidato del PSOE a la alcaldía de Águilas, Ramón Román, declaró ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal, que su entonces compañero de partido y secretario general del PSOE de Águilas, Pedro Gil, le ofreció en nombre del dueño de La Zerrichera, Trinitario Casanova, un millón de euros por cambiar su voto y dar su apoyo a la recalificación de la finca. Estas afirmaciones, realizadas el día 18 de enero en su comparecencia en el TSJ, provocaron que el fiscal jefe, Manuel López Bernal, enviara un oficio al juez decano de Murcia, José Moreno Hellín, pidiéndole que abriera el procedimiento penal pertinente para investigar un presunto delito de cohecho.
En el escrito, que lleva la firma de López Bernal, el fiscal relata que las declaraciones se referían "al presunto ofrecimiento de dinero a Ramón Román por parte de un empresario de esta capital, actuando como presunto intermediario Pedro Gil López".
Junto al documento que el fiscal remite al juez decano de Murcia se incluye, según consta en el texto, "un disco compacto que contiene la conversación mantenida entre el concejal Ramón Román y Pedro Gil, así como el acta de la reunión del grupo municipal socialista y de la reunión de la ejecutiva local de la agrupación socialista del 25 de octubre de 2005". En dicha acta, según fuentes del PSOE municipal, se refleja la insistencia de Pedro Gil, ahora en el grupo mixto tras ser expulsado del partido, en cambiar el anunciado voto contrario a la reclasificación de La Zerrichera. Finalmente, en el pleno cinco ediles del PSOE se ausentaron de la votación en la que se iba a decidir la reclasificación de los terrenos, lo que les costó la expulsión del partido, refrendada por la dirección federal con sede en la madrileña calle de Ferraz.
Pedro Gil justificó su ausencia del Pleno municipal del 27 de octubre por tener que atender a su madre, de 88 años, mientras que otra edil aseguró que no había acudido por estar embarazada. Preguntado por esta redacción, Gil no quiso dar ninguna opinión al respecto de las declaraciones de Ramón Román ante el fiscal jefe. En estos momentos, el juez decano de Murcia debe asignar a un juzgado de la capital regional la querella presentada por el fiscal jefe contra cinco altos cargos del Gobierno regional; el alcalde de Águilas, Juan Ramírez; y el ex edil del PP José López, quien dimitió tras conocerse que se había beneficiado de la reclasificación del terreno aprobada con su voto favorable. El fiscal atribuye en la querella a cada uno de los siete implicados un delito de prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documentos oficiales y cohecho. La querella no fue aceptada por el juez de Lorca que la remitió al juez decano de Murcia, al considerar que es la ciudad en la que se pudieron haber iniciado los hechos delictivos, al mismo tiempo que es donde se habrían cometido los delitos que conllevan una mayor pena. La Verdad. 8/3/07
Ramón Román, al fiscal: «Un millón de euros era para mí, otro para Pedro Gil y otro para el intermediario» El portavoz del PSOE de Águilas denunció cómo intentaron comprar su voto para que los concejales socialistas apoyaran la urbanización de La Zerrichera Relata que el ofrecimiento de Pedro Gil llegó de un intermediario del Grupo Hispania M. BUITRAGO / R. FERNANDEZ/MURCIA
 Tres millones de euros. Uno ofrecido al portavoz del PSOE de Águilas, Ramón Román, para que cambiara su voto contrario a la recalificación de los terrenos de La Zerrichera; otro para el concejal del Grupo Mixto Pedro Gil, que era quien supuestamente ofrecía el soborno a Román; y el tercer millón para un intermediario. Así figura en la declaración que Ramón Román hizo ante el fiscal jefe del TSJ denunciando un presunto intento de soborno, para que el grupo socialista no se opusiera a la operación urbanística en el Pleno municipal del 27 de octubre del 2005. Román mantuvo su negativa; cuatro concejales disidentes fueron expulsados, entre ellos Gil; y el PSOE terminó denunciando los hechos ante la Fiscalía.
Este presunto delito de cohecho llevó a que el fiscal jefe Manuel López Bernal decidiera actuar de inmediato para aclarar los hechos, mientras seguía tomando declaración al resto de citados en el caso de La Zerrichera. En la declaración prestada por Ramón Román ante el fiscal jefe el pasado 17 de enero, a la cual ha tenido acceso La Verdad, se señala textualmente: «Que dada la postura firme que mantenía el declarante en orden a la negativa a cambiar su voto, D. Pedro Gil le ofreció, para facilitarlo, un millón de euros pagaderos en tres fases del procedimiento de aprobación del proyecto de La Zerrichera, una parte a la aprobación inicial a resolver en el pleno de Octubre, y las otras partes posteriormente, conforme se fueran cumpliendo las etapas necesarias; que no era un ofrecimiento expresamente suyo sino que se lo habían hecho llegar desde el grupo Hispania a través de un intermediario, que no identificó. Que un millón era para el dicente, otro para Pedro Gil y otro para el intermediario». Más adelante, y al final de la declaración, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia le pregunta Ramón Román «si tiene algún otro dato que pueda corroborar su manifestación relativa al intento de presunto soborno por parte de Pedro Gil. Contesta con estas palabras: «Manifiesta que sabe que mantuvo una reunión con Trinitario Casanova Abadía en las oficinas del Grupo Hispania de Murcia. Que sabe que Trinitario le dio una tarjeta personal a Pedro Gil, que éste le enseñó en una de las reuniones que ambos mantuvieron, que se trataba de una tarjeta muy bonita, en relieve, de color blanca o crema; que cree que el intermediario a través del que Trinitario hizo la oferta a Pedro Gil, aunque no lo puede asegurar, se llama Domingo Martínez, que fue Secretario General del Partido Socialista en Águilas», señala textualmente en la declaración ante el fiscal.
El portavoz socialista Ramón Román estuvo declarando ante el fiscal jefe más de dos horas, el pasado 17 de enero. Pedro Gil -a quien Pedro Saura expulsó junto a otros tres ediles por no asistir al Pleno de la recalificación, en el que debían oponerse,- declaró después durante 20 minutos. Mientras que el portavoz de IU, Miguel A. Carrasco Cayuela lo hizo durante 45 minutos, entre otros ediles de Águilas que participaron en una Comisión de Urbanismo que abordó el proyecto de La Zerrichera. Esta Redacción intentó ayer conocer la opinión de Trinitario Casanova, como ha hecho anteriormente en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta.
Trinitario Casanova no responde El Grupo Hispania anuncia que demandará al Gobierno de Valcárcel por paralizarle La Zerrichera Trinitario Casanova rompe su silencio y considera que ha sufrido «graves perjuicios y daños económicos» También emprenderá acciones judiciales contra el portavoz del PSOE de Águilas por las acusaciones de soborno M. BUITRAGO / R. FERNÁNDEZ/MURCIA
El propietario del Grupo Inversor Hispania, Trinitario Casanova Abadía, promotor de la urbanización proyectada en la finca La Zerrichera de Águilas, rompió ayer el silencio que mantenía desde el pasado mes de junio y ha anunciado a La Verdad que va a interponer una demanda judicial contra el Gobierno de Valcárcel «ante los graves perjuicios ocasionados» por la decisión de paralizar el plan parcial que iba a desarrollar la construcción de unas 4.000 viviendas en la zona. Trinitario Casanova también tiene previsto presentar acciones legales por injurias y daños al honor contra el portavoz del PSOE de Águilas, Ramón Román.
Este último ha declarado al fiscal jefe que le ofrecieron un millón de euros para que los concejales socialistas no se opusieran a la recalificación de los terrenos; otro millón para el entonces compañero de su grupo municipal Pedro Gil -ahora en el Grupo Mixto y expulsado del PSOE-; y otro para el intermediario. Dicho ofrecimiento según Gil lo hacía el Grupo Hispania a través de un intermediario», según publicó ayer La Verdad. Después de reiteradas llamadas de este periódico para conocer la postura de la empresa sobre los últimos acontecimientos, Trinitario Casanova remitió ayer a esta Redacción dos notas de prensa por medio de las cuales el Grupo Hispania anuncia, por un lado, que sus servicios jurídicos estudian interponer una demanda judicial «contra el Gobierno regional del Partido Popular, presidido por Ramón Luis Valcárcel, ante los graves perjuicios ocasionados por la decisión de este Ejecutivo de paralizar el plan parcial previsto para la finca La Zerrichera». Sostiene el empresario que la paralización de dicho plan, en julio del año pasado -que quedó sujeta al Plan de Gestión del LIC y ZEPA de la Sierra de La Almenara, donde está enclavada la finca- «ha causado grandes daños económicos e inseguridad jurídica a esta empresa, cuando el proyecto destinado para la zona contaba con la aprobación definitiva desde el 13 de febrero de 2006». El Grupo Hispania se refiere a la orden firmada por el consejero de Obras Públicas, Viviendas y Transportes, Joaquín Bascuñana, que aprobaba definitivamente la clasificación de los terrenos, antes de especial protección, como suelo urbanizable sectorizado, apto para construir la urbanización. El freno al proyecto Como quiera que el Gobierno regional había frenado la urbanización argumentando que primero tenía que estar aprobado el Plan de Gestión de la zona, el Grupo Hispania entiende que dicho Plan «nunca puede imponer criterios de ejecución» al plan parcial distintos de los fijados en la declaración de impacto ambiental ya aprobada, «tal como refrenda un informe del Gabinete Garrigues y que la propia Comunidad [Autónoma] ha hecho suyo y remitido posteriormente a la Fiscalía.» Según la empresa, este documento concluye que el plan parcial diseñado para la urbanización «debe estar incluido en el Plan de Gestión». En definitiva, el Grupo Hispania sostiene que la declaración de impacto favorable para recalificar los terrenos, y el plan parcial consiguiente, son anteriores al Plan de Gestión que ahora se impone desde la Administración regional. Este Plan, según publicó La Verdad, impide urbanizar, a la vez que preserva la zona para campo de vuelo de las aves y para los usos agrícolas tradicionales. Aún no ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, pero sí notificado a las autoridades europeas. «Jamás se ofreció dinero» En cuanto a la denuncia de presunto soborno por parte del portavoz del PSOE de Águilas, Trinitario Casanova también tiene previsto interponer acciones legales contra Ramón Román por injurias y daños al honor, a raíz de «las graves acusaciones» que el empresario sostiene que ha vertido en su contra el edil socialista. Subraya Casanova que «jamás, ni en su nombre ni en el de su empresa se ha ofrecido dinero alguno a ningún político, ni del PSOE ni del PP, ni de ningún otro partido. Como tampoco se ha encargado a ningún intermediario para que lo hiciera». Las acciones legales irán contra Román y contra cualquier persona «que tenga la nula vergüenza de lanzar cualquier tipo de injurias contra el proceder de esta empresa, que ha estado siempre marcado por los principios de la ética y la legalidad». Añade que con las «peleas internas y rifirrafes entre la oposición y el Gobierno no se debería perjudicar de una manera tan grave e irresponsable a las empresas y ciudadanos, dándose una pobre y nefasta imagen de lo que el ciudadano de a pie, empresario o trabajador, percibe de sus gobernantes». Cree que Gobierno y oposición «deben trabajar por la Región, para que las iniciativas empresariales se desarrollen en un marco de seguridad jurídica y posibilite la creación de empleos, en lugar de estar todos los días lanzando acusaciones infundadas, que están dadando una imagen bochornosa y lamentable de nuestra comunidad en el contexto nacional». · La Kutxa abonó 55 millones
 «Le dije a Gil de manera tajante que no aceptaba su ofrecimiento ni cambiaba mi voto» PSOE: «Los maletines van a la misma velocidad que las decisiones administrativas» Auto de inadmisión del Caso Zerrichera Texto íntegro Querella del fiscal por el caso de la Zerrichera (28-02-07) Texto íntegroLa Verdad. 9/3/07
PSOE: «Los maletines van a la misma velocidad que las decisiones administrativas» PP: «Los únicos maletines que conocemos son los de Filesa y Roldán» EFE/MURCIA
El secretario de Organización del PSRM-PSOE, Francisco Oñate, dijo ayer sobre La Zerrichera que la sociedad piensa que «los maletines con dinero corren a la misma velocidad que se toman algunas decisiones administrativas». Recordó que el PSOE expulsó del partido a varios de sus concejales en Aguilas «porque no olía claro su decisión de no acudir a un Pleno» en el que se trataba el tema, «cuando era un voto irrelevante», y se les suspendió de militancia en 24 horas.
Añadió que cuando se habló de «dinero» el PSOE recurrió a la Justicia para que esclareciera lo sucedido, mientras el PP critica a esta institución. «El PP respalda a los concejales de su partido que votaron a favor de la recalificación y hoy están procesados, al tiempo que pone palos en el engranaje -de la Justicia- para que la verdad de los hechos no se esclarezca», denunció. «El ciudadano se pregunta cómo se tomaron las decisiones, quién aconsejó y quién coordinó» las diferentes actuaciones administrativas que se adoptaron, dijo Francisco Oñate quien reiteró la petición de su partido de que el presidente Ramón Luis Valcárcel comparezca en la Asamblea para dar explicaciones «y no escurra el bulto». Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Javier Iniesta, respondió a Javier Oñate que «los únicos maletines con dinero que conocemos son los de Filesa y los que se llevó Roldán de los huérfanos de la Guardia Civil». Añadió que «nadie se cree que alguien estuviera dispuesto a pagar un millón de euros a un concejal del PSOE por un voto que no era necesario». Iniesta ha reclamado que no se obstruya la investigación sobre la supuesta conexión del Ayuntamiento de Los Alcázares y el cerebro de la trama de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca. Asimismo, ha pedido al fiscal jefe «que ponga la misma diligencia que ha aplicado en la Zerrichera para investigar acerca de la presunta prevaricación de la portavoz del PSOE Teresa Rosique, o la del secretario general del PSRM, Pedro Saura, que favorecieron con su voto a su familia, o el ático ilegal del portavoz del PSOE, José Ramón Jara, o las casas ilegales de los portavoces del PSOE en los Ayuntamientos de Murcia y Beniel». También le ha demandado que «cuide las filtraciones a los medios de comunicación que se han producido desde su departamento de manera impúdica y que aplique el mismo celo con el que está instruyendo las diligencias para respetar los derechos constitucionales de los afectados». La Verdad. 9/3/07
REGIÓN MURCIA
«Le dije a Gil de manera tajante que no aceptaba su ofrecimiento ni cambiaba mi voto» Ramón Román relató al fiscal las 48 horas de vértigo que se vivió en el PSOE de Águilas, en las que Pedro Gil intentó que no se rechazara la urbanización . BUITRAGO/
 Durante los dos días que precedieron al Pleno municipal de Águilas, que aprobó la recalificación de los terrenos de La Zerrichera, el 27 de octubre del 2005, se desató una intensa lucha interna y a contrarreloj entre los concejales socialistas, divididos en dos bandos: los partidarios de dejar vía libre a la operación urbanística del Grupo Hispania, encabezados por Pedro Gil, entonces secretario general del PSOE de Águilas; y de otro lado los ediles que estaban en contra, liderados por el portavoz, Ramón Román. Esta disputa interna, en la que participó activamente la dirección regional del partido, se entabló cuando Román no cedió al presunto soborno que le estaba ofreciendo su entonces compañero de grupo Pedro Gil para cambiar su voto. Esto es, un millón de euros para él, otro para Gil y otro para un supuesto intermediario del Grupo Hispania, según denunció a la Fiscalía.
En la declaración que Román prestó ante el fiscal jefe del TSJ, éste indica que contestó a su presunto sobornador, Pedro Gil, «de manera tajante, que no pensaba aceptar su ofrecimiento, ni tampoco cambiar su política respecto al modelo urbanístico ni al asunto de La Zerrichera». A partir de ahí se desencadenaron los acontecimientos, que terminaron con la expulsión sumarísima de los cuatro concejales que no aceptaron las instrucciones de la cúpula regional para oponerse al proyecto urbanístico. DOS DÍAS ANTES DEL PLENO Reunión movida en Águilas De acuerdo con el relato al fiscal de Ramón Román, al cual ha tenido acceso esta Redacción, el día 25 Román pidió que se convocase una reunión conjunta entre la ejecutiva local y el grupo municipal. Asistieron 19 personas, «que debatieron en profundidad todas las cuestiones relativas al asunto de La Zerrichera. Finalmente hubo 16 votos contrarios a la urbanización, y tres partidarios de la abstención. Con ese resultado se mandató al grupo municipal para votar dos días después en el Pleno. Hubo matices, no obstante, ya que se volvería a discutir el sentido del voto si antes del Pleno llegaban los informes del Ministerio de Medio Ambiente y de Bruselas autorizando la desprotección de la zona, cosa que Pedro Gil sostenía que iba a ocurrir. Asimismo, en esa reunión Pedro Gil anunció que iba «a pedir instrucciones a Murcia para concretar la postura que había que mantener el día del Pleno». Román infiere que, con esta actitud, Gil no aceptaba la posición mayoritaria adoptada en dicha reunión. UN DÍA ANTES DEL PLENO Pedro Gil acude a Murcia Pedro Gil viaja a Murcia para reunirse con el número dos del PSOE, regional, José Ramón Jara, con el objetivo de «recibir las instrucciones del partido en orden a La Zerrichera», relata al fiscal Ramón Román. De regreso a Águilas, por la tarde, Pedro Gil le cuenta a Román su reunión con Jara: «En Murcia me han comentado que hay que hacer lo que sea más conveniente para Águilas», le dijo. Pero Román contaba al parecer con un as bajo la manga, puesto que Jara ya había hablado previamente con él; y las instrucciones de Murcia eran que había que votar en contra. MEDIA HORA ANTES DEL PLENO Último intento de Gil El mismo día del Pleno municipal, Pedro Gil realiza un último intento y convoca al grupo municipal para «intentar forzar el cambio del sentido del voto». La reunión se produjo media hora antes del Pleno. Ramón Román pidió entonces que se llamara por teléfono a José Ramón Jara y que conectaran el altavoz «para que todos los compañeros pudieran escuchar cuál era la posición del partido». Según Román, Pedro Gil «impidió a la secretaria del grupo que hiciera esa comunicación». Acto seguido se volvió a votar, y cuatro ediles se alinearon con Pedro Gil; y los otros dos con Román. Este último salió de la reunión advirtiendo que iban a votar en contra en el Pleno. En ese momento, el grupo municipal socialista acudía claramente dividido al Pleno que se iba a celebrar en cuestión de minutos. Ramón Román tomó la decisión de hablar con Jara para comunicarle la nueva situación que se había creado. Esto hizo que Jara llamara por teléfono a Pedro Gil. Es fácil de imaginar la conversación entre ambos. A partir de ahí, los cuatro ediles disidentes no llegaron a entrar en la salón de Plenos, salvo una concejal que accedió por despiste y se marchó a los cinco minutos. Los tres ediles socialistas presentes en la sesión votaron en contra de la recalificación de La Zerrichera. Ramón Román concluye su relato al fiscal diciendo que «con posterioridad se cumplieron las amenazas que había recibido por parte de Pedro Gil y se desató sobre él una auténtica campaña de persecución política y de calumnias». El diario Vasco. 9/3/07
El portavoz del PSOE de Águilas denuncia intento de soborno sobre La Zerrichera Kutxa, que adquirió los terrenos en 2005, insiste en que es ajena al proceso de recalificación PILAR ARANGUREN/
SAN SEBASTIÁN. DV. El portavoz del PSOE de la localidad murciana de Águilas, Ramón Román, ha declarado ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que fue objeto de un presunto intento de soborno para que el grupo socialista no se opusiera a la recalificación de La Zerrichera en el pleno municipal del 27 de octubre de 2005.
Kutxa, que adquirió estos terrenos en octubre de 2005, después de que se aprobara la declaración de impacto favorable para recalificarlos, insiste en que es «ajena al proceso de recalificación» y que su participación en esta operación urbanística «está libre de toda sospecha y de toda actuación irregular». Según la declaración prestada por el portavoz del PSOE ante el Fiscal Jefe el pasado 17 de enero, la negativa a dicho soborno provocó que cuatro concejales disidentes fueran expulsados, entre ellos Pedro Gil, del Grupo Mixto, que estaría implicado en el presunto intento de cohecho, y la denuncia por parte del PSOE de los hechos ante la Fiscalía. El fiscal jefe decidió abrir diligencias, ya que a la denuncia del PSOE se sumaron las presentadas por dos grupos ecologistas por presuntos delitos contra el medio ambiente. La actuación de la Fiscalía concluyó con la presentación el 24 de febrero de este año de una querella por prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios contra el alcalde de Águilas, un ex edil y cuatro altos cargos de la comunidad murciana. La Zerrichera es un proyecto urbanístico del grupo inmobiliario Hispania, al que adquirió Kutxa los terrenos, y en el que pretendía construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas, parte de las cuales cuentan con protección medioambinental de la Red Natura 2000 de la UE. Desde que saltó la polémica, Kutxa ha insistido que «es ajena al proceso recalificatorio de los terrenos», y que la adquisición de los mismos estaba supeditada a que se fueran cumplimentando los diferentes trámites urbanísticos. Así, la caja ha abonado hasta el momento 55 de los 105 millones previstos. De hecho, afirma que si no se produjese la individualización de fincas y la parcelación tendrían incluso la libertad de deshacer el contrato. Con todo, Kutxa podría estar considerando la venta de los terrenos en función de la reestructuración de su cartera inmobiliaria. El Confidencial. 12/3/07
El caso de la Zerrichera pone patas arriba el mundo político y judicial de Murcia a dos meses de las elecciones
Vidal Coy
El caso de la Zerrichera es digno de un episodio de Falcon Crest: un ejecutivo autonómico que censura abiertamente al fiscal jefe del TSJ por favorecer al PSOE; unos jueces que se pasan los unos a los otros la pelota de la querella del fiscal jefe contra cinco altos cargos de la Comunidad, un alcalde y un ex concejal, todos del PP, y una caja de ahorros vasca que dice estar segura de recuperar los 55 millones de euros invertidos… Indudablemente, la vida político-judicial en Murcia adquiere tintes esperpénticos en vísperas de la campaña de las elecciones locales y autonómicas de finales de mayo. Para añadir más leña al fuego, Trinitario Casanova Abadía (Grupo Hispania), dueño de unos terrenos en Águilas que los funcionarios y los ediles querellados pretendían recalificar, a pesar de estar protegidos como LIC y ZEPA, ha amenazado al Gobierno regional, en el que se sienta su íntimo amigo el consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, con irse a los tribunales de Justicia si el ejecutivo autonómica no culmina el proceso de recalificación, paralizado hace un año al estallar el escándalo. La querella del fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra tres directores generales de la Comunidad Autónoma gobernada por el PP, un subdirector general, un jefe de servicio, el alcalde de Águilas (PP) y un ex concejal de esa localidad del mismo partido ha provocado una serie de reacciones en cadena. Por de pronto, el portavoz del Gobierno regional, Fernando de la Cierva, ha acusado al autor de la querella, el fiscal jefe López Bernal, de beneficiar al PSOE con sus actuaciones y manteniendo que la amenaza de Casanova Abadía “es un ejemplo de que no se benefició al Grupo Hispania, ya que un amigo no querella contra otro”. A todo esto, la querella mencionada que presentó el fiscal jefe en Lorca, cabeza del partido judicial al que pertenece Águilas, fue devuelta por el juez Juan Alcázar basándose en que los presuntos delitos más importantes –cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios– fueron cometidos en la capital de la Región, la ciudad de Murcia. Sin que se sepa todavía, quizá esta misma semana, a qué juzgado de instrucción irá a parar la querella, un concejal del PSOE en Águilas, Ramón Román, acusa a dos antiguos compañeros suyos, Pedro Gil y Domingo Martínez –expulsados del PSOE por votar favorablemente la recalificación de La Zerrichera– de haberle ofrecido dinero en nombre de Casanova Abadía para que él también votara a favor de la recalificación. En medio de esta vertiginosa vorágine que se vive desde el pasado miércoles, otros dos alcaldes del PP –José Hernández, de San Javier, y Antonio Tamayo, de Cieza– han visto pasar casi desapercibido el envío a los juzgados por parte del fiscal de sus presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación. La Kutxa, segura de recuperar su inversión Lo que sí se ha notado más ha sido una información procedente de la Kutxa guipuzcoana asegurando que esa caja de ahorros vasca piensa recuperar los 55 millones de euros que adelantó a Casanova Abadía para participar en la construcción de más de mil viviendas y campo de golf incluido en aquellos terrenos protegidos por la UE origen de todo el escándalo y posterior embrollo. A todo esto, no se conoce a ciencia cierta, pues el presidente regional Ramón Luis Valcárcel continúa oficialmente mirando para otro lado, si el proyecto recalificador de La Zerrichera está “paralizado”, “frenado”, “rechazado” o “desestimado”. El PSOE se frota las manos, aunque no mira de reojo a las relaciones entre sus dos ex alcaldes de Los Alcázares, Juan Escudero y José Martínez Meca, con el “capo” marbellí, el cartagenero Juan Antonio Roca, también implicado en otro escándalo en terreno recalificados por el PP en su ciudad de origen. Y las elecciones municipales y autonómicas, a dos meses vista. http://www.elconfidencial.com:80/noticias/noticia.asp?id=22209&edicion=12/03/2007
La Verdad. 13/3/07 M. BUITRAGO / R. FERNÁNDEZ/MURCIA El presunto intento de soborno al portavoz del PSOE de Águilas para que no se opusiera a la urbanización de La Zerrichera ha dado otro giro al entrar en escena el portavoz de IU en el municipio costero, Miguel Antonio Carrasco Cayuela. Éste declaró en enero al fiscal jefe del TSJ que hubo al parecer una oferta económica de por medio, según le había confesado Pedro Gil, denunciado por el presunto soborno. La semana pasada, Gil negó en dos ocasiones que hubiera ofrecido dinero. Carrasco Cayuela, que esta tarde dará una rueda de prensa para explicar los pormenores, declaró ayer a La Verdad que fue Pedro Gil -expulsado del PSOE y actual dirigente del Movimiento Aguileño Socialdemócrata- quien le confesó en enero la existencia de tal ofrecimiento. «Le comentó a Ramón Román que, según unos empresarios, había un millón de euros para cada uno de ellos, con el objetivo de que los concejales socialistas se abstuvieran en el Pleno de recalificación de los terrenos». Siempre según la versión de Carrasco Cayuela, el ex socialista le hizo esta confidencia al conocer la existencia de una grabación de Ramón Román que podía comprometerle. Sobre esta base, Gil sostuvo entonces que dicha grabación había sido manipulada porque se había eliminado un trozo de la conversación según la cual el propio Gil le aconsejaba a Román que «no cogiera el dinero si se lo ofrecían». «Estaba pillado» El portavoz de Izquierda Unida contó esto mismo al fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, ante el cual prestó declaración el 18 de enero pasado; el mismo día en el que lo hicieron los concejales aguileños citados: Ramón Román declaró durante dos horas; Pedro Gil lo hizo en 20 minutos y finalmente Carrasco Cayuela durante 45. El primero y el último aludieron al presunto soborno y a la persona de Gil; mientras que según este último el fiscal no le había hecho ninguna pregunta al respecto, tal como explicó a La Verdad. Carrasco Cayuela sostiene que Pedro Gil «se vio pillado por la Ejecutiva del PSOE de Murcia cuando tuvo conocimiento de esa grabación, y que trató de reaccionar relatando a un tercero que la conversación había sido manipulada», añadió ayer a La Verdad. Según el portavoz de IU de Águilas, la supuesta oferta económica al PSOE nació en una reunión que tuvo lugar en Vera en el verano del 2005. Ante la evidencia de que los votos socialistas no eran necesarios para sacar adelante el proyecto de La Zerrichera, Carrasco explica que la intención era que no hubiera denuncias a posteriori, al tratarse de una urbanización que podía resultar polémica al estar en unos terrenos protegidos. Antes de enero, el portavoz de IU acudió a declarar ante el fiscal en junio del año pasado, a petición propia. Le hizo entrega de 29 documentos que a su juicio demuestran las irregularidades cometidas en el expediente. También contó al fiscal que los ingresos del Grupo Hispania -la venta posterior a La Kutxa- estaban en función de que se recalificaran los terrenos. La Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián ha entregado hasta ahora 55 millones de euros, sobre un total de 105 millones más otros 16,8 de IVA, supeditados a que se aprobara la recalificación y el plan parcial. Este último está paralizado desde mayo del año pasado. De la declaración de Ramón Román ante el fiscal jefe se dice que tal grabación «no recoge el ofrecimiento económico, pero sí se habla de la necesidad de cambiar de voto y también de la conveniencia de cambiar de vida». Según la versión del portavoz socialista, Pedro Gil le ofreció un millón de euros pagaderos en tres fases; y que tal ofrecimiento no era expresamente de Gil, sino que «se lo habían hecho llegar desde el Grupo Hispania a través de un intermediario». El propietario de esta empresa, Trinitario Casanova, ha negado tales extremos y ha anunciado la interposición de una querella contra Román. March, 2007 ¿Recalificó o no Cámara 30.200 m2 de su familia en los Martínez del Puerto?Nota: Texto enviado al correo electrónico.
Cámara recalifica 30.200 m2Resulta que (parece ser que..) en 2001 nuestro alcalde... Dichos terrenos pasaron de suelo no urbanizable, calificado como NU12 en el PGOU de 1977, así como en el Plan Estratégico y Avance del PGOU, aprobado por unanimidad en la legislatura 1991-1995, a suelo urbanizable ZB (residencial de baja densidad) en el PGOU definitivamente aprobado en febrero de 2001, lo que equivale a una edificabilidad de 0,4 m2, ampliable en un 10% de prima de aprovechamiento para dar viabilidad al proyecto, medida de carácter discrecional que permite el artículo 106 de la Ley del Suelo regional. De esta forma el alcalde Cámara suspendió el avance del PGOU aprobado por unanimidad en la legislatura 1991-1995 que preveía el crecimiento de Los Martínez del Puerto hacia el sur de esa pedanía, modificando dicho crecimiento hacía el norte de la misma, de modo que la recalificación beneficiase a su suegro, una tía de su mujer y otro tío de la misma, que fue presidente de Alianza Popular en Los Martínez del Puerto en los años 80. Se trata de tres fincas de 9.183 m2, 16.818 m2 y 4.219 m2 propiedad, mientras fueron rústicas, de Tomás Meroño Baño (suegro de Cámara), Narciso Meroño Baño (tío de la esposa de Cámara y presidente de AP en la citada pedanía durante los 80) y María Meroño Baño (tía de la esposa de Cámara), respectivamente." El citado informe técnico, encargado por el abuelo de la mujer del alcalde de Murcia, Francisco Meroño Pérez, declaraba los terrenos de la zona del borde norte del actual casco urbano de Los Martínez del Puerto como “inviable su uso para fines urbanos” Además, la comisión constituida por representantes de todos los colectivos de vecinos de la pedanía y de la Junta Municipal emitieron en noviembre de 1995 una serie de propuestas sobre el avance del PGOU encaminadas a que el desarrollo del pueblo fuera hacia el sur, justo en el sentido contrario a lo que después el alcalde Cámara impuso en beneficio de sus familiares con la aprobación inicial del mismo en el año 1998. Asimismo, el abuelo político de Cámara aportó también un informe visado por el colegio de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales, y elaborado en abril de 1985 por el ingeniero Manuel Seco Torrecillas, que demostraba que esta zona era el cauce natural de una vaguada y que, por tanto, existía “un alto riesgo de inundación, pudiendo alcanzar las aguas fluyentes puntos de caudal superiores a los diez m3/seg, lo que evidentemente hace inviable el uso de los mismos para fines urbanos." Desde 1998 hasta 2003, tanto los ciudadanos de la pedanía como la Junta vecinal, se manifestaron en contra de construir en una zona que constituye un riesgo evidente de inundación para el pueblo. El concejal de Descentralización, Cristóbal Herrero, el jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, Jesús Tornero, y el comprador de la parcela del suegro de Cámara, el promotor Antonio Saura Antolino, visitaron en agosto de 2001 al entonces pedáneo de Los Martínez del Puerto, Pedro Alcaraz Saura, del PP, presionándole para que dejase de oponerse a la construcción de una nueva nave en el cauce natural de una vaguada, justo en la parcela que en su día perteneció al suegro de Cámara y, donde en 1998, Saura Antolino ya construyó un almacén de estructuras metálicas que también recibió la oposición de los vecinos del pueblo y de su Junta Vecinal, por el peligro de inundación para el pueblo que este tipo de construcciones entraña." Esta situación se desprende de los escritos presentados por un grupo de vecinos ante el Defensor del Pueblo entre agosto de 1999 y febrero de 2003 donde se percibe nítidamente la permisividad y protección del Ayuntamiento con una construcción que pone en grave riesgo de inundación a todo un pueblo. En uno de los escritos que los vecinos envían al Defensor del Pueblo preguntan si no guardará relación la permisividad con la que actúa el Consistorio con el hecho de que los terrenos que ocupa la obra pertenecieran antes a un pariente directo del actual alcalde de Murcia.
La Verdad. 3/3/07 Cámara insiste en que no son ciertas las acusaciones del PSOE sobre la finca de su suegro LA VERDAD/MURCIA
«En contra de la opinión, voluntad y seguridad de los vecinos de Los Martínez del Puerto». Con esta contundencia acusó ayer el concejal socialista José Zapata al alcalde, Miguel Ángel Cámara, de permitir la construcción de un almacén en una parcela vendida por su suegro, y que, según el PSOE, invade el cauce de una vaguada. Zapata explicó que unos vecinos se opusieron a que se edificara dicho almacén al provocar que se desviara hacia sus casas la evacuación de aguas. A tales acusaciones, Cámara manifestó «que los que realmente deben preocuparse son los propios socialistas, pues todas las acusaciones que vierten son falsas». February, 2007 La Fiscalía se querella por prevaricación contra el alcalde de Águilas y altos cargos por la ZerricheraLa Verdad. 24/2/07
La Fiscalía se querella por prevaricación contra el alcalde de Águilas y altos cargos por La Zerrichera También aprecia indicios de delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios M. BUITRAGO / R. FERNÁNDEZ/MURCIA
 El caso Zerrichera, el escándalo urbanístico más importante de los últimos años en la Región, ha tomado cuerpo. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, presentó ayer una querella contra diversos responsables políticos -entre los que figura el alcalde de Águilas y altos cargos del Gobierno regional; así como varios funcionarios-, como colofón a una investigación que ha durado un año y en la que ha indagado en la supuesta comisión de delitos de prevaricación y contra el medio ambiente, a raíz de la recalificación de unos terrenos protegidos como LIC y ZEPA destinados a la construcción de una urbanización del Grupo Hispania.
Según ha podido saber La Verdad de fuentes de toda solvencia, la querella va dirigida contra el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de la Dirección General de Medio Natural, Encarna Muñoz; el alcalde de Águilas, el popular Juan Ramírez; un promotor y dos o tres funcionarios de la Administración regional. El fiscal jefe del TSJ les imputa en su querella los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Treinta declaraciones Otras fuentes del mismo crédito confirmaron que la querella fue presentada ayer tarde en el Juzgado Decano de Lorca, que será ahora el encargado de darle traslado al juzgado de instrucción correspondiente según las normas de reparto. La primera decisión del juez será, a partir de ese momento, establecer si existe base suficiente para admitir a trámite la querella, lo que daría origen con toda probabilidad a una prolija investigación judicial, o considerar que sólo cabe el archivo. Desde el 14 de febrero, día en que tomó las últimas declaraciones sobre este asunto, el fiscal jefe ha permanecido alejado del Palacio de Justicia y se ha recluido en su casa para estudiar con tranquilidad y sin presiones la abundante documentación y los numerosos testimonios que, bien en calidad de testigos o como sospechosos, ha recabado durante meses de investigación. Ayer tarde, un día antes de que expiraba el plazo legal para presentar denuncia o, en su caso, archivar las diligencias, López Bernal interpuso la mencionada querella. El hecho de que el fiscal jefe haya optado por esa fórmula procesal -la querella, en vez de una denuncia- constituye en sí mismo una firme apuesta por el futuro de la investigación judicial, ya que anuncia la voluntad de la Fiscalía de sostener la imputación contra las personas que son objeto de la misma. La Fiscalía del TSJ abrió diligencias informativas hace un año tras las denuncias presentadas por los grupos ecologistas y el PSOE, por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación. Por la oficina de Manuel López Bernal han pasado a prestar declaración más de 30 personas desde que inició la toma de testimonios en junio del año pasado, entre ellos dos ex altos cargos de la Administración regional, ocho altos cargos en ejercicio y 8 funcionarios. Las citaciones empezaron con cinco antiguos propietarios de los terrenos. Le siguió, en enero pasado, el alcalde de Águilas y siete concejales de todos los grupos que participaron en una Comisión de Urbanismo clave. A continuación lo hicieron altos cargos y funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente; y por último otros altos cargos y funcionarios de Obras Públicas, además del jefe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. Al menos cinco de ellos acudieron con sus abogados. El Mundo. Viernes 23/2/07
Querella por prevaricación contra el alcalde de Águilas, un ex edil y cuatro altos cargosEFE MURCIA.-
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, ha presentado en los juzgados de Lorca una querella por prevaricación por el 'caso Zerrichera' contra el alcalde de Águilas, el 'popular' Juan Ramírez, un ex edil de este ayuntamiento y cuatro altos cargos de la Comunidad.
López Bernal confirmó la presentación de esta querella que también va dirigida contra el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de la Dirección General de Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Rodenas, y el ex concejal de Águilas José López. La Zerrichera es un proyecto urbanístico del grupo inmobiliario Hispania que pretende construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas de la citada sierra, parte de las cuales cuentan con protección medio ambiental de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. El fiscal jefe abrió las diligencias tras las denuncias presentadas por Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el PSOE, por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación. Sábado 24/2/07. Diario Vasco
La Fiscalía se querella contra altos cargos de Murcia por prevaricación en La Zerrichera
Los terrenos fueron adquiridos en octubre de 2005 por Kutxa, que podría estar considerando su venta La caja aclara que es ajena al proceso recalificatorio PILAR ARANGUREN. SAN SEBASTIÁN DV.
 El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, ha presentado en los juzgados de Lorca una querella por prevaricación por el caso La Zerrichera contra el alcalde de Águilas, donde están ubicados los terrenos, un ex edil y cuatro altos cargos de la comunidad. Los terrenos fueron adquiridos por la Kutxa en octubre de 2005 después de que se aprobara la declaración de impacto favorable para recalificarlos. Kutxa podría estar considerando la venta de esta finca en función de la reestructuración de su cartera inmobiliaria, anunciada el año pasado por su presidente.López Bernal confirmó ayer la presentación de esta querella, que también va dirigida contra el direcor general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; la ex directora de la Dirección General de Medio Natural, Encarna Muñoz; el director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el subdirector general de Vivienda, José María Rodenas, y el ex concejal de Águilas José López, además del alcalde, el popular Juan Ramírez. La Zerrichera es un proyecto urbanístico del grupo inmobiliario Hispania, que pretende construir 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en una finca de 250 hectáreas, parte de las cuales cuentan con protección medioambiental de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. El fiscal jefe abrió las diligencias tras las denuncias presentadas por Naturalistas del Sureste (Anse), Ecologistas en Acción y el PSOE, por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación. Finalmente, Manuel López Bernal ha decidido imputar en su querella los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El fiscal jefe no descarta que se amplíe el número de imputados. Kutxa, que no quiso realizar ayer ninguna declaración al respecto, se ha visto salpicada por un proceso de recalificación, en el que según afirmó su presidente, Carlos Etxepare, a este periódico cuando saltó la polémica «somos absolutamente ajenos». En una entrevista, precisaba que la caja guipuzcoana adquirió los terrenos en octubre de 2005. En mayo de dicho año, el pleno del ayuntamiento aprobó inicialmente la modificación del plan general de ordenación urbana de la zona. El 25 de octubre se produjo la declaración favorable al impacto ambiental, y el mismo mes también se aprobó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. En noviembre se publicó la declaración favorable de impacto ambiental. En enero de 2006 hubo un informe favorable de la Consejería de Urbanismo del Gobierno de Murcia y se aprobó definitivamente la modificación de dicho Plan. En febrero Obras Públicas aprobó la urbanización y Kutxa escrituró la compra. NOTA DE PRENSA: 23 de febrero de 2006
ANSE Y ECOLOGISTAS EN ACCION, SATISFECHAS POR LA ACTUACION DE LA FISCALÍA EN EL CASO DE LA CERRICHERA, AL RESPALDAR SUS DENUNCIAS POR PREVARICACIÓN.
Las asociaciones lamentan la falta de respuesta a sus peticiones tanto del nuevo Consejero de Medio Ambiente como del Presidente de la Comunidad Autónoma, y piden la asunción de responsabilidades.
La Asociación de Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción denunciaron en febrero de 2006 ante la Fiscalía del TSJ la posible comisión de un delito de prevaricación de altos cargos de la Comunidad Autónoma (Director General de Calidad Ambiental, Directora General del Medio Natural y Consejero de Industria y Medio Ambiente) y del Ayuntamientos de Águilas, tras la aprobación definitiva del proyecto para la construcción de una urbanización de 4.700 viviendas y un campo de golf dentro del espacio protegido (LIC y ZEPA) Sierra de La Almenara (t.m. de Águilas). Además, pidieron a la Fiscalía que investigara la posible comisión del delito de prevaricación de otros posibles implicados, como el Jefe del Servicio de Calidad Ambiental.
El Fiscal Jefe del TSJ en Murcia ha confirmado esta mañana al presidente de ANSE la imputación en la Querella por prevaricación y falsedad documental presentada el día de ayer en los juzgados de Lorca del Director General de Vivienda, el Subdirector General de Vivienda, el Director General de Calidad Ambiental, y la exDirectora General del Medio Natural de la Comunidad Autónoma, el alcalde de Águilas y el exconcejal copropietario de los terrenos.
El envío el día de ayer por parte del Fiscal Jefe del TSJ de Murcia de las investigaciones a los juzgados de Lorca (competentes en el asunto por desarrollarse el proyecto en el municipio de Águilas) para que procedan a su instrucción, dan la razón a ANSE y Ecologistas en Acción, que consideran este caso como uno de los más escandalosos de la desastrosa política contra la conservación de la naturaleza y el medio ambiente desarrollados por el actual Gobierno Regional, aunque desgraciadamente no el único ni el más grave (muy cerca se encuentra la desprotección de Marina de Cope y su desarrollo urbanístico).
ANSE recuerda que el Consejero Benito Mercader no ha iniciado el procedimiento de revisión de actos nulos o anulables para cumplir con su compromiso público de revisar el proyecto de La Cerrichera aprobado por la misma Consejería anteriormente.
El presidente de ANSE, Pedro García, recuerda igualmente que en febrero de 2006 mantuvo una reunión con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luís Valcárcel, en la que le informó personalmente de las irregularidades cometidas en la tramitación de la recalificación de suelos (antes había pedido también personalmente al Director General de Calidad Ambiental que no firmara la Declaración de Impacto Ambiental), sin que Valcárcel haya dado aún una respuesta satisfactoria a las varias miles de firmas entregadas hasta el momento contra la urbanización.
Una decena de organizaciones de defensa de la naturaleza han apoyado ya la campaña de ANSE contra la urbanización del LIC y ZEPA Sierra de La Almenara: GREENPEACE, ADENA-WWF, SEO-BirdLife, Asociación Herpetólógica Española, Foro Ciudadano de la Región de Murcia y Ecologístas en Acción, entre otros.
Hector Quijada, portavoz de Ecologistas en Acción, recuerda que la Asociación había denunciado hace varios años la puesta en marcha de regadíos ilegales, sobre parte de los cuales se ha planteado luego el proyecto urbanístico, que también afecta a hábitats de interés comunitario y especies de aves en peligro.
Para las Asociaciones, ha quedado demostrado que la urbanización de la Red Natura 2000 prevista en la Cerrichera es un atentado contra el patrimonio natural comunitario. Sin embargo, el Gobierno Regional viene haciendo oídos sordos a las protestas de los ciudadanos y requerimientos de las autoridades comunitarias en relación a este tema.
La Comisión Europea deberá decidir próximamente sobre la Queja interpuesta por ANSE por el posible incumplimiento del derecho comunitario por aprobar la urbanización dentro de un LIC y ZEPA (Red Natura 2000), y el TSJ de Murcia sobre el Recurso Contencioso Administrativo presentado por ambas organizaciones contra la Resolución de la Comunidad Autónoma que aprobaba definitivamente la recalificación de suelos. El fiscal de delitos urbanísticos reclama mano dura a los juecesJueves 22/2/07. La Verdad
El fiscal de delitos urbanísticos reclama mano dura a los jueces Lozano asegura que los políticos pueden prevaricar aunque los técnicos no les adviertan de que están obrando ilegalmente A.L / EFE/MURCIA  El fiscal de delitos urbanísticos del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, reclamó ayer «mano dura a los jueces» en materia de urbanismo y explicó las dificultades prácticas que deben afrontar los fiscales a la hora de investigar cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio. Además dejó constancia de la actitud «permisiva» de algunas audiencias provinciales. El fiscal, que desde hace semanas también viene ejerciendo como fiscal anticorrupción en funciones, tras la dimisión de José María Alcázaz, señaló,durante su intervención en el I Congreso Italoespañol sobre Derecho Patrimonial -organizado por la Universidad de Murcia y la Universidad Roma Tre-, que «hay jueces más proclives que otros y más sensibles a estos asuntos». Y añadió que a la hora de perseguir a los responsables de los delitos relativos a la ordenación del territorio el Código Penal también tiene serias limitaciones. No obstante, comentó que estas figuras delictivas se incorporaron al Código Penal de 1995, al considerar el legislador que esta vía podía ser más eficaz que el Derecho Administrativo en la lucha contra estos delitos, «al conllevar, entre otras, la posibilidad de verse sentado en un banquillo y de ser condenado a penas de prisión». Asimismo, Lozano explicó durante su intervención de ayer la figura de la prevaricación urbanística. En este sentido el conferenciante indicó que gobernantes y políticos pueden incurrir en delito cuando adopten resoluciones injustas a sabiendas, «aunque previamente no hayan sido advertidos de ilegalidad por los técnicos municipales». El punto culminante de la jornada de ayer del Congreso tuvo lugar por la tarde, con una mesa redonda en la que participaron el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, Antonio Gutiérrez-Llamas; el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región, José López Rejas; el propio fiscal Juan Pablo Lozano, y María Fuensanta Gómez, profesora de la UMU. Volvieron a tratar temas relacionados con los nuevos desarrollos urbanísticos y la legislación. Gutiérrez-Llamas destacó el desequilibrio existente en la ordenación del territorio en la Región y puso como origen del problema a la Administración Pública. Asimismo criticó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que a su juicio está «obsoleto y desfasado». López Rejas defendió el trabajo de los promotores y solicitó una planificación territorial supramunicipal, a la vez que reclamó la modificación de la Ley del Suelo, que señaló que debe ser una prioridad del Gobierno regional. February, 2007 Video: "Be water my friend"Copiado del blog: "La sombra de Aznar"
- Pon el agua en una pancarta y te dará votos
- Pon el agua en una constructora y te dará dinero Los que tenemos que aguantar a este personaje, empeñado en vender cachito a cachito nuestra Región, estamos acostumbrados a sus desmanes y sus salidas de tono. Su complicidad con el sector de la construcción a pocos pilla por sorpresa. Pero siempre es bueno recordar el verdadero fin de ese slogan del "Agua para todos". Quítenle la "s" final y llegarán a buen puerto. La Región no aguantaría cuatro años más de este señor, de nosotros depende. El 27 de mayo a jubilarlo señores. Piden dimisión de alcalde de Cieza por estar imputado por tráfico de influencias y prevaricaciónENCIEZADIGITAL.NET. 10/2/07
LA VERDAD. 10/2/07
LA POLÍTICA, EN LOS TRIBUNALES UN REVÉS PARA EL PRIMER EDIL 'POPULAR' DE CIEZA Fiscalía actúa contra el alcalde de Cieza por presunto tráfico de influencias y prevaricación Ha presentado una denuncia contra el primer edil, dos empleados municipales y un alto funcionario de Agricultura Otorgar0n autorización para ampliar una granja de cerdos que era ilegal R. FERNÁNDEZ/J. MOLLEJO/MURCIA
 El alcalde de Cieza, Antonio Tamayo (PP), tendrá que volver a visitar los juzgados. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) ha encontrado indicios de tráfico de influencias y de prevaricación en la actuación del primer edil ciezano, así como de otros dos funcionarios del mismo ayuntamiento, al autorizar la ampliación de una granja de cerdos que no cumplía la normativa vigente. La consecuencia de ello ha sido la presentación de una denuncia en los juzgados de Cieza, en la que también aparece como imputado el dueño de la explotación porcina, el jefe de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y propietario de la Granja, José Pastor.
La investigación de la Fiscalía, que en todo momento ha estado supervisada por su titular, Manuel López Bernal, se inició en febrero del año pasado, a raíz de unas informaciones publicadas por La Verdad. En concreto, este periódico denunció que el Consistorio ciezano había autorizado la ampliación de una explotación ganadera de José Pastor, que contaba con 1.600 cerdos y carecía de licencia de apertura. A pesar de esta última circunstancia, el alcalde de Cieza dio luz verde a su ampliación hasta las 4.000 cabezas, y ello, aparentemente, sin que tampoco existiera la previa y preceptiva evaluación de impacto ambiental. Se daba además la circunstancia de que el jefe del Servicio de Sanidad Animal de la Consejería es cuñado de la concejal de Urbanismo de Cieza, que a su vez es nuera del alcalde, y hermano de otra concejal del grupo socialista. Un año de averiguaciones Después de un año de investigación, la Fiscalía adoptó este jueves la decisión de remitir una denuncia contra el alcalde Tamayo y contra dos funcionarios municipales, que en apariencia fueron los que habrían tramitado el expediente administrativo que permitió la supuesta ampliación irregular de la granja. En la misma situación se encuentra el jefe de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura y propietario de la Granja, José Pastor. Las mismas fuentes señalaron que los cargos que se les imputan son los de tráfico de influencias y prevaricación. Asimismo indicaron que, aunque la Fiscalía ha adoptado la decisión de redactar una denuncia, «ésta tiene en realidad la apariencia y consistencia de una querella, ya que menciona expresamente las personas que aparecen como sospechosas de los delitos, los hechos que se les imputan, los posibles delitos cometidos y hasta las pruebas que se solicita que sean practicadas». REGIÓN MURCIA Tamayo pensaba que «todo se va a aclarar» LA VERDAD/MURCIA
 El alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, se mostraba optimista, el pasado 12 de octubre, después de haber prestado declaración en Fiscalía. «Esto servirá para aclarar que el equipo de Gobierno ha actuado de forma correcta en la tramitación de la licencia de esta explotación porcina», aseguró.
Tamayo explicó al fiscal que la licencia se concedió porque «los informes técnicos y jurídicos que remitieron en su momento eran favorables y al ser las licencias actos reglados la comisión de gobierno la aprobó». Posteriormente, según el propio Tamayo, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo detectaron un error en la tramitación del expediente, «porque dada la notoriedad de la actividad de la granja, que estaba funcionado desde hace 30 años, se creyó que yatenía licencia de apertura y que era el Ayuntamiento quien debía otorgar dicha licencia». Asimismo, el alcalde de Cieza aclaró que había entregado al fiscal diversa documentación para completar el expediente que se le remitió meses antes. Una documentación en la que constaban, dijo, los informes que «avalan la declaración de los miembros del equipo de gobierno». Tamayo transmitió su «total disposición para colaborar en las diligencias». La granja porcina objeto de la polémica está situada en el paraje de la Loma de la Fonseca (Cieza), y es propiedad de la SL Explotación Porcina Claufer, de la que son socios únicos al 50% José Pastor (jefe de Sanidad Animal de la Consejería) y su esposa, María Fernanda Cabal. La explotación no estaba legalizada y, pese a ello, se permitió a sus dueños que pudiesen ampliarla. La empresa que ha destruido La Morra es del candidato del PP de CeutíVEGAMEDIA PRESS. 4/2/07
LA EMPRESA DEL CANDIDATO POPULAR DE CEUTÍ ES LA PROMOTORA QUE HA DESTRUIDO EL PARAJE DE LA MORRA
 (Seis alturas en La Morra, como se observa en la imagen)
La empresa del candidato popular a la alcaldía de Ceutí, Pascual Lorente, denominada Procomar Ceutí S.L. es la principal promotora de la urbanización en el paraje de La Morra, y la que firmó el convenio urbanístico con el ayuntamiento de Villanueva del Segura, que ha permitido destruir unos de los parajes más emblemáticos del Valle de Ricote. Una actuación urbanística que está denunciada en el juzgado número 3 de Cieza. El propio Ministerio Fiscal ha pedido los expedientes de recalificación puntual de las Normas Subsidiarias de 1999 y 2003, el convenio urbanístico con las empresas Procomar Ceutí S.L. y Brisa Marina Promociones e Iniciativas Inmobiliarias S.L., el expediente del plan parcial La Morra, el proyecto de reparcelación, testimonio de las Normas Subsidiarias vigentes y las ordenanzas municipales sobre edificación y uso del suelo. Igualmente, se interesa el Ministerio Fiscal que el ayuntamiento de Villanueva informe sobre cuantas viviendas se hubiesen podido construir con la limitación de 45 viviendas/hectárea, cuantas se han aprobado finalmente y cual ha sido la densidad real de viviendas por hectárea aprobada en el plan parcial La Morra. Según los datos publicados por e-informa, la principal actividad de la empresa es la pesca, aunque luego se añadieron otros objetos sociales. El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y presidente de honor de la Fundación Valle de Ricote, con sede en el Balneario de Archena, no ha tenido en cuenta estas circunstancias para elegir un candidato que es uno de los mayores depredadores del Valle de Ricote, un valle que el presidente ha prometido proteger y conservar en numerosas ocasiones.
Asimismo, el propio consejero de Medio Ambiente, admitió hace días por escrito, a pregunta de la diputada socialista Begoña Retegui en la Asamblea Regional, que la urbanización la Morra no tiene declaración de impacto ambiental, a pesar de que se están construyendo bloques de viviendas de hasta seis alturas, que han producido un daño irreparable para la comarca, su entorno y su historia, según la denuncia de Ecologistas en Acción. El boletín oficial de la Región de Murcia, publicó en su momento que "El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura, en sesión celebrada el 10 de julio de 2003, ha aprobado definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal correspondiente al Sector «La Morra», según acuerdo que literalmente transcrito en su parte dispositiva dice «2.º Aprobación definitiva modificación puntual normas subsidiarias sector la Morra. ... Discutido lo anterior, y visto que, habiéndose aprobado inicialmente el Plan Parcial epigrafiado, dentro del plazo de alegaciones, uno de los propietarios de terrenos incluidos en ámbito de éste, compareció a fin de que se modificaran las determinaciones del mismo, para, con la misma edificabilidad, posibilitar otras tipologías constructivas, que den cabida a una mayor promoción turística. Visto que, iniciadas gestiones con las empresas Procomar Ceutí, S.L. y Brisa Marina Promociones e Iniciativas Inmobiliarias, S.L., el Ayuntamiento suscribió con estas un convenio urbanístico por el que, siendo los terrenos en cuestión especialmente idóneos para localizar en ellos una actuación de tipo turístico-residencial, dedicada al mercado exterior de usuarios termales, por considerarlo con gran proyección de futuro, de calidad y elevada generación de empleo indirecto en la zona, las partes han asumido una serie de compromisos en orden a la propia planificación y gestión del ámbito expresado, previa autorización de la Comisión Municipal de Gobierno, y con el articulado que se refleja en el acuerdo alcanzado por esta, en su sesión celebrada el pasado 16.04.03. Visto que, ante los compromisos asumidos, tanto en materia de ordenación (Modificación de las determinaciones del planeamiento vigente para posibilitar la edificación residencial plurifamiliar, con mayores alturas y misma edificabilidad), el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28.04.03, aprobó inicialmente Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal correspondiente al Sector «La Morra», conforme al proyecto elaborado por el Sr. Ingeniero de Caminos del estudio Incotec-Urbanismo, D. Carlos J. García Calvo".
Engaños a los propietarios Vega Media Press publicó en su momento la denuncia de un vecino de Archena, propietario de una pequeña empresa de carpintería metálica, que se declaró engañado por el candidato popular y por el alcalde de Villanueva. Este vecino vendió finalmente la mitad de sus tierras en la zona de La Paira de Villanueva, después de que tanto el ayuntamiento, como el alcalde en su asesoría, le recomendaron "vender porque ahí no se va a hacer nada". Poco tiempo después, el incauto vecino vio como esos mismos terrenos eran recalificados y había perdido unos cutrocientos millones de pesetas. La indignación es tal que, aseguró a esta redacción, iba a interponer denuncia oficial. No obstante, se han detectado casos similares en el término municipal. En muchas de estas actuaciones de compra venta se presentan en nombre de Alfredo Lario, gerente de Oasis Mediterráneo y constructor de los edificios de Spa Valley. Alteración de la fauna y la flora Las obras que se están realizando en La Morra de Villanueva, además de destruir el paraje, han condenado lo que queda de flora y fauna, especialmente el bosque de ribera. Las edificaciones de La Morra también están denunciadas por la Confederación Hidrográfica del Segura. Los millones de toneladas de tierra que se continuan sacando para el desmonte, han inundado numerosos espacios de la Vega Media y el Valle de Ricote, arrancando y enterrando palmeras, y otras especies autóctonas. VEGAMEDIA PRESS. 6/2/07
HECTOR QUIJADA: "LA URBANIZACIÓN DE LA MORRA ES DIGNA DEL PREMIO ATILA"
 J. Pons.
Héctor Manuel Quijada Guillamón, tiene 32 años y lleva más de media vida dedicada a la defensa y divulgación de los valores ambientales de su comarca. Es miembro de Ecologistas en Acción del Valle de Ricote, pertenece al grupo local de Abarán desde su creación y actualmente ejerce como portavoz de la organización ecologista a nivel regional. Es Técnico en Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural. Su actividad profesional casi siempre ha estado ligada al medio ambiente, tanto en la vigilancia y extinción de incendios, como en cosultoría ambiental o atendiendo a los visitantes del Parque Regional de la Sierra de la Pila. Es autor del libro “Sierra de la Pila, excursiones a pie y en bicicleta”. ¿Cual es la situación real del Valle de Ricote en cuanto a patrimonio?.
El Valle de Ricote es rico en patrimonio histórico, etnológico, agrario, natural y paisajístico. En la actualidad y fruto de su importancia, contamos con diferentes elementos o espacios que gozan de alguna figura de protección: Bien de Interés Cultural (BIC), Espacios Protegidos (ZEPAs, LICs, Parques Regionales, Vías Pecuarias), entre otros. El problema es que todavía hay patrimonio que carece de protección, como el paisaje y la huerta. En el ámbito de lo ya protegido, en muchos casos no se respeta su integridad y se tiene la consideración de elementos aislados, cuando en realidad debería considerarse todo como un conjunto interrelacionado. De nada sirve proteger el paisaje si no se conserva la actividad agraria de la huerta, por poner un ejemplo, al igual que los edificios y los asentamientos humanos están relacionados con el paisaje y el entorno. Todo ello determina de manera importante nuestra calidad de vida.
Las instituciones autonómicas anuncian muchas acciones ¿qué le parece?
Desde hace años la estrategia de las diferentes administraciones y gobiernos de turno se basa en anunciar determinadas inversiones de dinero principalmente en obras públicas, independientemente de la utilidad que estas tuvieran para los habitantes del Valle de Ricote. Se han derrochado millones en obras mal planteadas como por ejemplo en la carretera del Solvente. Muchos alcaldes y consejeros intentan esconder así su verdadera incompetencia con otros temas y ya de paso, otorgan nuevas contratas que le reportarán beneficios políticos o económicos a ellos y las empresas amigas. Otro ejemplo muy claro han sido las inversiones en turismo, incluidos los fondos LEADER. A pesar de ello, ¿qué representa realmente el turismo rural en el Valle de Ricote?, por desgracia bastante poco. Sin embargo el turismo rural y de naturaleza supone una actividad que estimula la economía local de los lugares visitados, estimulando incluso para la conservación del patrimonio natural y cultural, pero depende de cómo se haga y sobre todo de que realmente se quiera apostar por ello, cosa que hasta el momento no han demostrado nuestros gobiernos, que han decidido prestar más atención a los intereses del ladrillo. Siempre me he preguntado de qué sirve construir mirador si sólo servirá para contemplar la agonía de la huerta. Además es importante que los ciudadanos y ciudadanas hagamos un seguimiento de estas inversiones y exijamos información y participación pública en la toda de decisiones, para que realmente se apueste por aquello que nos interesa y sea más fácil evitar la corrupción.
¿Qué ha pasado en Villanueva con La Morra?
Es el ejemplo más representativo de lo que supone el modelo urbanístico devastador dentro del valle. La construcción de la urbanización Spa Valley no solo ha significado la eliminación total del espacio de huerta tradicional y la destrucción el paisaje, sino que además ha infringido la ley al situar algunos de los edificios dentro del Dominio Público Hidráulico del Río Segura, por lo cual Ecologistas en Acción ha llevado el caso hasta el juzgado de Cieza. En los municipios de Archena y Villanueva está teniendo lugar la urbanización total de la Morra, incluida hasta la ribera del río y su conexión con el Balneario de Archena. Tampoco olvidemos que hasta el momento el Alcalde de Villanueva preside uno de los Ayuntamientos que más claramente han apostado por los intereses del ladrillo. El Plan General de Ordenación Urbana pretende declarar urbanizable el 95% de la superficie del municipio. No es mala candidatura para optar al “premio Atila” del Valle de Ricote.
Además de la Morra, ¿qué acciones de envergadura se van a realizar en el Valle? Las actuaciones urbanísticas están generalizadas en los siete municipios del valle, sin distinción del color político de sus gobiernos locales, aunque algunos casos son especialmente graves, como el de Villanueva. En Blanca el PGMO recalifica superficie de huerta tradicional como Suelo Urbanizable Especial Residencial Sin Sectorizar. Se definen hasta 5 actuaciones urbanísticas. En Ojós nos encontramos con la construcción inminente de una variante que eliminará buena parte de la huerta tradicional que circunda el pueblo, sin justificación alguna ya que las densidades de tráfico son muy bajas. En Ricote el PGMO propone 4 actuaciones urbanísticas y el trazado de un nuevo vial en la huerta, además se pretenden levantar bloques de hasta cuatro alturas en las faldas del castillo. En Ulea el PGMO declara urbanizable superficie de huerta tradicional. En Archena, el Plan Parcial "Cañada de la Morra Norte”, completa la urbanización deste paraje. En Abarán se han dejado al menos 90.000 m2 de huerta tradicional sin la protección adecuada donde proliferan las construcciones ilegales. En cuanto a las actuaciones en la periferia del valle, hay aprobados proyectos urbanísticos con varios campos de golf, que podrían llegar hasta las 50.000 viviendas en los municipios de Abarán, Blanca, Ricote y Ulea, lo que significaría un aumento de población de unos 150.000 habitantes.
Si finalmente todo se lleva a cabo, ¿cómo definirías el paisaje del Valle de Ricote? Conforme se vayan consumando las urbanizaciones y las agresiones al patrimonio, una de las primeras consecuencias será la pérdida de singularidad en el paisaje del Valle de Ricote. Una comarca urbanizada en exceso, con edificios, chalets adosados y sin huerta, ya no tendría nada de especial con respecto a otras zonas con reclamo trurístico, sería más de lo mismo, por lo que perdería interés para el visitante. No obstante, creo que hay motivos para la esperanza o por lo menos para pensar que es posible frenar el rodillo especulador. Las últimas movilizaciones ciudadanas enmarcadas en la coordinadora “La Región de Murcia No Se Vende”, son una buena muestra de ello.
Alcaldes y políticos defienden que se trae riqueza a la comarca, ¿estás de acuerdo? No. Yo diría que se mueve dinero y se atrae a los especuladores, que poco o nada tiene que ver con el reparto de la riqueza. Lo que se trae es la especulación y el ladrillo que viene de arrasar ya en otras zonas de España. Ya es hora de que empecemos a pedir resultados a nuestros políticos gobernantes, no podemos seguir dejando que nos tapen los ojos con propaganda e inversiones de dudosa utilidad para la ciudadanía. Quienes de verdad están haciendo su agosto son los especuladores, que son los que realmente sacan las plusvalías al terreno, nos lo llenan de casas y se van. Han conseguido que nos creamos que sus necesidades son las nuestras, pero nada más lejos de la realidad. ¿qué interés puede tener un ciudadano de cualquier municipio del valle, en que se multipliquen desorbitadamente los habitantes de su municipio, principalmente jubilados, ocupando grandes extensiones de territorio a las que hay que dotar de infraestructuras y servicios, aumentando las necesidades de agua que no tenemos o que supuestamente queremos para agricultura, generando empleos precarios y temporales, etc.,? en definitiva, ¿qué interés puede haber en vender nuestro patrimonio, crear una nueva ciudad que genera más gastos que beneficios y encima deteriorar en entorno natural que nos sustenta y nos da calidad de vida?. Este modelo no puede interesarnos si no va a existir mejora en la vida de los habitantes del Valle de Ricote.
¿Qué opinión le merece la Fundación Valle de Ricote que preside Ramón Luís Valcárcel y cuya sede se encuentra en el Balneario de Archena?
Para mí no merece credibilidad alguna una entidad que está integrada por los mismos que están vendiendo el Valle de Ricote al mejor postor. La Fundación, que en su origen fue impulsada por personas y fines creíbles, ha devenido actualmente un invento que solo responde al lavado de imagen de ciertos políticos y empresarios. En cambio, las organizaciones sociales y ecologistas, apoyadas también por numerosas personas a título individual son las que verdaderamente están desarrollando iniciativas interesantes en defensa del Valle de Ricote.
Entidades como el Balneario ¿tienen “inmunidad diplomática”? Si nos atenemos a los hechos, como apertura de viales en la ribera del río y desmontes en un BIC, parece ser que sí, por lo menos mientras las administraciones actuales no intervengan para evitar estos atentados ecológicos.
¿Qué le diría a los agricultores?
Uno de los principales problemas es que se considere igual al pequeño agricultor y al gran productor y exportador, porque estamos hablando de formas de hacer agricultura y de intereses bien distintos. Esta equiparación interesada que pone a las pequeñas economías domésticas y a los grandes capitales del agronegocio al mismo nivel, tiene como uno de sus objetivos utilizar a los agricultores con el engañoso eslogan de “agua para todos”, de manera que las grandes empresas hortofrutícolas ven respaldada más ampliamente sus demandas de agua. Esto es curioso porque son precisamente estas grandes explotaciones las que casi siempre tiene garantizada en agua, mientras las acequias vienen vacías y el agua llega con cuentagotas a la huerta tradicional. En cuanto a la producción, donde se deciden las reglas del juego es en la Unión Europea y las distintas negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que apuestan por la liberalización de los mercados, favoreciendo siempre al más grande, lo que perjudica gravemente a los pequeños agricultores, que ante este panorama no les queda más remedio que abandonar la actividad agrícola. La globalización neoliberal también tiene un efecto devastador sobre nuestra agricultura. Mientras tanto, políticos locales y regionales se enzarzan en disputas políticas estériles para no afrontar el problema en su verdadera dimensión, o sea, en los escalafones más altos de la política nacional e internacional, eso no llega a la gente porque a ellos no les interesa. Tampoco se articulan medidas de apoyo a la producción tradicional, innovando con la denominación de origen o la agricultura ecológica, simplemente los gobiernos no apuestan por ello. Creo que es importante que para que la huerta no se muera, los agricultores que verdaderamente les guste su actividad y quieren seguir adelante con ella, se organicen para defender sus intereses de la forma más autónoma posible y realicen sus reivindicaciones a partir de sus propias decisiones. Nuestro valle no sería nada sin los agricultores y sin la agricultura.
Murcia, un ejemplo de política ambiental insostenibleCOMUNICADO DE PRENSA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
Murcia, 8 de febrero de 2006
EL MUNICIPIO DE MURCIA, UN EJEMPLO DE POLÍTICA AMBIENTAL INSOSTENIBLE.
PARA ECOLOGISTAS EN ACCIÓN RESULTA PARADÓGICO QUE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA CELEBRE UNAS “JORNADAS DE SOSTENIBILIDAD LOCAL”, CUANDO LOS HECHOS DEMUESTRAN QUE ES UN EJEMPLO DE INSOSTENIBILIDAD Y RECLAMA AL GOBIERNO LOCAL UNA ACTITUD MÁS COHERENTE CON LO QUE PREDICA.
Con motivo de la celebración de las primeras Jornadas de Sostenibilidad Local organizadas por el Ayuntamiento de Murcia, Ecologistas en Acción hace un breve repaso a algunas de las materias básicas en cuanto a sostenibilidad ambiental del municipio, resultando que el medio ambiente no es precisamente una de las prioridades del gobierno local, que apuesta más por la propaganda que por aportar soluciones reales.
Contaminación atmosférica:
Ecologistas en Acción ha presentado recientemente el informe sobre la calidad del aire en el municipio de Murcia del año 2006. De los datos aportados se desprende que la calidad del aire en el municipio de Murcia sufre un empeoramiento en las partículas PM10 debido a que se han producido 115 superaciones. Si restamos los 40 días de coincidencias con la intrusión de polvo sahariano, nos da la cifra de 75 superaciones anulales, más del doble del número de superaciones anuales permitidas, que está fijado en 35. Esta disminución de la calidad del aire en el municipio viene agravada por las 13 superaciones del umbral de alerta a la población del ozono troposférico, por encima de los 180 microgramos por centímetro cúbico. El Ayuntamiento de Murcia incumple la obligación que tiene de elaborar planes de actuación para reducir los valores de los contaminantes atmosféricos, especialmente las partículas PM10, como establece el Real Decreto 1073/2002, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire. A pesar de solicitar información sobre las mediciones de contaminación atmosférica en Murcia, la Concejalía de Medio Ambiente sigue sin facilitar estos datos a Ecologistas en Acción. El Ayuntamiento no dispone de ningún sistema de información y consulta en tiempo real de los niveles diarios de polución, cuyo principal agente causante es el tráfico.
Cambio climático y tráfico:
De sobra es sabido que el tráfico es uno de los principales causantes de la emisión de gases que contribuyen al cambio climático. En los últimos años el tráfico ha aumentado considerablemente en el municipio, hasta colocarnos en la tercera ciudad con más vehículos de España. Esta situación se constata a diario con los cotidianos colapsos en las distintas entradas a la ciudad, que se agravará, entre otras cosas por los parking que está proyectado construir en el centro de Murcia (San Esteban y Avenida de la Libertad). El modelo de introducir coches en el centro de la ciudad responde a un modelo obsoleto de planificación y va en contra de los criterios de la sostenibilidad, mientras siguen sin potenciarse los medios alternativos como el carril bici. Presenciamos cómo, a la hora de planificar la ciudad, se han olvidado de la calidad de vida de la ciudadanía. El modelo difuso de ciudad con grandes desarrollos urbanísticos y centros comerciales en la periferia es una buena muestra de ello. Ecologistas en Acción solicita al Ayuntamiento de Murcia que tome medidas coherentes para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el tráfico.
Agua:
Un claro ejemplo de mala gestión del agua, es la explotación que el Ayuntamiento de Murcia ha hecho de unos 200 pozos ilegales para regar los jardines municipales del casco urbano (denunciada recientemente por la propia CHS). Además, muchos de estos jardines tienen unos requerimientos importantes de agua ya que riegan césped, al igual que son numerosos episodios de cañerías rotas y pérdidas, en pleno periodo de sequía. Murcia es sin embargo un lugar idóneo para desarrollar la jardinería ecológica con especies autóctonas que necesiten poco agua (xerojardinería), pero no se aplica. No existen medidas reales encaminadas al ahorro y adecuada gestión del agua a corto y largo plazo sino que cotidianamente vemos cómo el Ayuntamiento sigue dando permisos y modificando nuestra planificación urbanística para dar paso a miles de viviendas en nuevas urbanizaciones y campos de golf, con los requerimientos correspondientes del recurso hídrico que podrían estar destinados a fines más consecuentes con el desarrollo sostenible que tanto se promulga desde la administración. El modelo resort consume de dos a tres veces más agua que un domicilio normal. Otro ejemplo es el campo de golf de la Peraleja, que mientras la urbanización se construye, el campo de golf ya se encuentra en marcha regándose ilegalmente con agua subterránea para agricultura.
Energía:
El municipio de Murcia es el de mayor contaminación lumínica de la Región. La incorrecta iluminación de la ciudad y las pedanías supone entre otros problemas, un derroche energético y un fenómeno que agrede a los ecosistemas nocturnos. La política de alumbrado navideño del Ayuntamiento de Murcia supone un despilfarro significativo de energía y atiende exclusivamente a criterios mercadotécnicos y consumistas. Residuos: Ecologistas en Acción ha denunciado constantes irregularidades en relación con la gestión de las basuras en el Vertedero y Planta de Cañada Hermosa, como camiones viertiendo residuos industriales, hospitalarios, tóxicos y peligrosos no autorizados o como trasladan basura al citado vertedero sin tratamiento selectivo previo. Espacios naturales y urbanismo:
Al menos 15 urbanizaciones con más de 25.000 viviendas están proyectadas, aprobadas o construyéndose entorno al Parque Regional de Carrascoy y El Valle, incluso al límite sur de la ZEPA del “Monte el Valle y Sierras de Altaona y Escalona”, aislando a este espacio y eliminando importantes áreas rurales de interés internacional y de hábitat trófico para especies como el Búho real o el Águila perdicera, por las cuales se supone que se protege el espacio. Otro ejemplo es el nuevo trazado de la autovía A-7 que se pretende discurra por el Monte Público del Coto Cuadros. El Ayuntamiento quiere desviar el trazado por la zona forestal, al haber autorizado la construcción de varios miles de viviendas en la zona donde previamente estaba planificado el vial. Esto demuestra que en al Gobierno Local antepone los intereses del ladrillo al medio ambiente. Por todo ello, Ecologistas en Acción reclama al Ayuntamiento una actitud coherente con lo que predica y que no se dedique solamente a organizar actos y jornadas para echarse la foto.
Ecologistas en Acción - Región Murciana C/ José García Martínez, n. 2 , 1-C 30005 - MURCIA Tlfs: 968 28 15 32 http://www.ecologistasenaccion.org/murcia murcia@ecologistasenaccion.org La Verdad. 8/2/07
MURCIA Los ecologistas critican la falta de soluciones reales en el municipio LA VERDAD/MURCIA
 La organización Ecologistas en Acción señala al municipio de Murcia como ejemplo de política medioambiental «insostenible» y califica de «paradójico» que el Ayuntamiento realice unas jornadas sobre sostenibilidad local. Reclaman al Gobierno local una actitud «más coherente» y afirma que el equipo municipal «apuesta más por la propaganda que por aportar soluciones reales». Indicaron que el municipio incumple la obligación legal de reducción de los contaminantes atmosféricos, que la concejalía de Medio Ambiente continúa sin facilitar los datos solicitados sobre mediciones, al tiempo que señala que el ayuntamiento no dispone de ningún sistema de información y consulta en tiempo real de los niveles de polución. Recuerdan que Murcia se ha situado en el tercer puesto de las ciudades españolas con más vehículos, cuando el tráfico es «uno de los principales causantes de la emisión de gases que contribuyen al cambio climático». |
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